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Fepeco pide al Cabildo y ayuntamientos de La Palma “más transparencia” en la contratación pública de obra

La Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife asegura que “las bajas temerarias en la Isla están propiciando competencia desleal”.

Óscar Izquierdo, presidente de la patronal de la construcción en la provincia tinerfeña (Fepeco)

Óscar Izquierdo, presidente de la patronal de la construcción en la provincia tinerfeña (Fepeco)

Ante la reiterada presentación, por algunas empresas en La Palma, de ofertas en bajas temerarias, tanto en obras del Cabildo como en los distintos municipios, “estamos recibiendo quejas abundantes del tejido empresarial de la construcción en La Palma, porque esta práctica desvirtúa la competitividad y los precios de mercado”, informa en nota de prensa la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco). “Desde Fepeco solicitamos un mayor control, inspección y seguimiento por parte de las administraciones, ante la posibilidad de que se estén produciendo así graves irregularidades que permitan ofertar por debajo de la media, haciendo una competencia desleal a las empresas que cumplen escrupulosamente con toda la normativa vigente”, dicen. 

“Estamos en una situación de mercado donde lo que prima es la productividad. Para conseguir obra es necesario competir con precios ajustados, y no hace falta recordar, cuanto de las cargas empresariales suponen los gastos en personal y nuestras obligaciones con la Seguridad Social. No hay miedo a tener competencia, el miedo es a que no todos participen con las mismas reglas. Cuanto menos parece contradictorio, optar a una obra pública con unos precios tan a la baja y a la vez mantener una plantilla de personal moderadamente alta. Por lo que sería deseable que se tomaran aquellas medidas oportunas, para hacer un seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales y laborales a las empresas adjudicatarias de obras con una importante baja económica, porque dos más dos son cuatro y no veintidós”, apuntan. 

“Hay que recordar lo que establece el artículo 116 de la Ley de Contratos del Sector Público donde se establece que en el expediente se justificará adecuadamente el valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen”, subrayan. 

“También sería conveniente estudiar la posibilidad de que cuando en una obra pública se produjera una sanción por parte de la administración competente, relacionada con la presencia de personal en situación irregular, de igual manera dicha empresa, sea sancionada con una prohibición de contratarno pudiera concurrir a más obra pública por un plazo de tiempo establecido”, resaltan. 

“Cuando una oferta con valores anormales o desproporcionados resulta adjudicataria del contrato por haberse admitido la justificación del licitador en baja temeraria, deberá hacerse el oportuno seguimiento durante la ejecución del contrato. Así, según el artículo 149.7 LCSP, cuando una empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad hubiera resultado adjudicataria del contrato, el órgano de contratación establecerá mecanismos adecuados de seguimiento de la ejecución. Esta obligación pretende garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de los servicios, las obras o los suministros contratados. Algunas empresas con tal de ganar el contrato presentan unas ofertas tan a la baja, atractivas por las administraciones públicas que se jactan de decir que ahorran, pero que a la larga no siempre resultan baratas, porque muchas veces hay incumplimientos y modificaciones de las condiciones ante carencias inasumibles., como dice el refrán, lo barato después sale más caro”, afirman.

Oscar Izquierdo, presidente de Fepeco, señala que “defendemos la dignidad y profesionalidad del sector y estamos radicalmente en contra de cualquier actividad que menoscabe la seriedad y capacidad de las empresas de la construcción. Quien no se ajusta a la Legislación o incumple las obligaciones laborales, de prevención de riesgos o salud laboral, no pueden considerarse como profesionales del sector. La competencia es buena, porque nos exige ser mejores, más competitivos cada día, lo que no vale y nunca lo haremos, es amparar actitudes insolidarias, egoístas y fraudulentas. La contratación pública tiene que lograr la mayor transparencia y conseguir una mejor relación calidad-precio”.

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