NC dice que la adjudicación de la zona azul de Los Llanos “es un escándalo que huele cada vez peor”

El secretario de Organización de Nueva Canarias  (NC) en La Palma, Miguel Ángel Pulido, “ante las manifestaciones del concejal de Hacienda del Ayuntamiento”, insiste en que “la adjudicación del contrato para la concesión de la gestión del servicio público consistente en la regulación del estacionamiento de vehículos bajo control horario (aparcamientos en zona azul), en varias vías del municipio de Los Llanos de Aridane, es un escándalo que cada vez huele peor por sus antecedentes históricos”, señala en una nota de prensa.

Según Miguel Ángel Pulido, “para poner en funcionamiento este servicio se convoca hace dos años un procedimiento negociado sin publicidad enviando la invitación a sólo tres empresas, entre ellas a una con sede en Portugal y, para nuestra sorpresa, no se invita a una empresa canaria que prestaba esos mismos servicios en la zona azul de Santa Cruz de La Palma. Tiene que ser un requerimiento de ésta el que obliga al Ayuntamiento a enviarle una invitación para participar en dicho procedimiento”.

El pliego de condiciones de ese procedimiento, añade, “no estaba suscrito por ningún funcionario municipal y era lesivo para los intereses municipales, tal como denunciamos en su día desde Nueva Canarias, pues establecía que la empresa no podría pagar al Ayuntamiento más del 10% de lo recaudado, en vez de primar a la que pagara un canon mayor”.

“Prueba de ello”, señala, “es que al ser adjudicado ahora mediante concurso público, y primar en el mismo la mayor aportación a las arcas municipales, el Ayuntamiento va a ingresar en torno a 180.000 euros anuales, lo que viene a significar que en estos dos años que lleva de funcionamiento la zona azul el municipio ha dejado de ingresar más de 300.000 de uros que se ha llevado a sus arcas la empresa amiga. Empresa que ‘casualmente’ contrató como vigilante a un concejal del PP de Santa Cruz de La Palma y no sería porque no hubiera desempleados en este municipio capaces de desarrollar esas tareas”.

Además, continúa Pulido, “hay que recordar que inicialmente ese contrato para la prestación del servicio se formalizó por un año y en el propio pliego de condiciones se establecía que era improrrogable. Pues bien, el contrato se caduca en mayo del año pasado y, desde el Gobierno municipal se permite, en una actitud claramente prevaricadora, que haya un prórroga tácita y se siga prestando el servicio, sin cobertura legal, y esta empresa amiga llevándose el 90% de lo recaudado durante este último año, cantidad que puede superar los 200.000  euros”.

“Y para colmo de las irregularidades y triquiñuelas que hay en torno a este contrato”,  prosigue Pulido, “ahora se adjudica el nuevo concurso público y, al parecer, sorpresivamente, han desaparecido los dos faxes remitidos por la empresa canaria que se presentaba, enviados desde una Oficina de Correos en Las Palmas de Gran Canaria, al número del Ayuntamiento 922.46.12.64 que aparece en los pliegos. Y podríamos decir, parafraseando a Julio César, que la mujer del César no sólo tiene que ser honrada, sino parecerlo”.

“Por esta razón, agrega Pulido, ”al demostrar que se habían remitido dos faxes al Ayuntamiento el mismo día que se presenta la documentación del concurso en la oficina de Correos, con su Ok y Conforme correspondiente, la empresa que había visto eliminada su oferta, presenta un recurso ante la Alcaldía el pasado 6 de junio y, sorpresivamente, desde la dicha Alcaldía se contesta y desestima el día 8 de junio, con una rapidez inusitada en sólo dos días, seguramente para no dar tiempo a la oposición a exigir ningún tipo de explicación o la convocatoria, como parecía procedente, de la propia Mesa de Contratación“.

Al mismo tiempo, concluye Miguel Ángel Pulido, “hay que tener en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional 58/2010, de 4 de octubre, que analiza la eficacia de las comunicaciones por fax, en la que admitiendo que aunque no haya constancia de la recepción del fax, el que el Tribunal lo dé por bien notificado no es contrario a la Constitución, ya que su destinatario no ha suministrado base probatoria o indicio alguno que pudiera cuestionar la natural recepción del fax, como ocurre en este caso con el Ayuntamiento de Los Llanos”.

“Por todo ello”, añade, “desde Nueva Canarias, ante esta doctrina del Tribunal Constitucional, demandamos del Ayuntamiento que se convoque de nuevo a la Mesa de Contratación y se dé por válida la correcta notificación por fax, salvo que se demuestre que el mismo no funcionaba bien, que tuvo lugar un corte eléctrico, que la habitación donde está el fax quedó aislada, que se estropeó u otro evento que cuestione realmente su recepción efectiva. En caso contrario, nos reservamos el derecho a iniciar las acciones legales que correspondan”.