Vanoostende pide “responsabilidad” a Narvay Quintero con el agro palmero y que “trabaje de una vez a favor” de los agricultores afectados por el volcán

Alicia Vanoostende, diputada socialita por La Palma en el Parlamento de Canarias ha comparecido  este lunes en rueda de prensa para poner de manifiesto “el carrusel irresponsable en el que han entrado el actual consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y su director general, Javier Gutiérrez Taño, con respecto a la devolución de las subvenciones de los agricultores afectados por la erupción volcánica con la finalidad de esconder su incapacidad para activar medidas en favor del sector agrícola palmero, que sigue sin saber nada de la reconstrucción agraria ni de las ayudas por pérdida de renta”, se indica en una nota de prensa del PP. “Volveríamos a hacerlo igual si estuviéramos en noviembre de 2021, porque la otra opción era dejar a las familias sin recursos”, sentenció.  Pide “responsabilidad” a Narvay Quintero con el agro palmero y que “trabaje de una vez a favor” de los agricultores afectados por el volcán, se destaca en la nota. 

Vanoostende se remontó en su comparecencia, donde estuvo acompañada por diputados y otros cargos públicos del PSOE de La Palma, a septiembre de 2021, cuando empezaron los encuentros con las cooperativas, Asepalma y Asprocan para gestionar la emergencia y las necesidades que iban surgiendo: el acceso a las fincas, los estudios de los daños a la fruta, la rotura de las redes de riego, etc. 

“La erupción parecía no tener fin, el tiempo iba pasando y no se veía una conclusión cercana. Muchos agricultores llevaban desde septiembre sin cortar una piña. Su situación de liquidez era preocupante, los gastos de estas personas aumentaban y no tenían ningún ingreso”, recuerda la parlamentaria. 

Ante esta situación, explicó la exconsejera de Agricultura del Gobierno de CanariA, “se podría haber esperado hasta concluir la campaña del plátano, a finales de agosto de 2022, para tener los datos de las pérdidas de cada agricultor y pagarle la indemnización, tras recibir los datos de la OPP (Organización de Productores de Plátanos) en octubre-noviembre, hacer los cálculos y finalmente pagar sobre diciembre de 2022. Es decir, un año y tres meses después de la erupción”.  

Pero esta decisión,  señala, para “un sector de pequeños productores, no era justa porque habríamos dejado tirados a los agricultores 15 meses sin ver un euro. Hubiera sido la bancarrota para muchas personas”. Además, recuerda que “en las sucesivas reuniones, las OPPs nos pidieron buscar una fórmula para ir anticipando esas pérdidas, que se basó en un reglamento europeo, que establecía que había que calcular la pérdida de renta”.  

Vanoostende detalla que “esto se llevó a cabo haciendo una estimación con los precios medios de los últimos 5 años, de los rendimientos en kilos estimados de cada agricultor. Es decir, una estimación de los ingresos medios. Y de esa estimación de ingresos medios, se calculó, por los estudios técnicos en campo, que el daño era un 100%, evidentemente, en la zona directamente afectada. Mientras que en el resto del Valle la pérdida iba a ser del 30%, y que en Fuencaliente y Tijarafe sería de un 10%. Eso fue lo que se le adelanto a cada agricultor”, subraya. 

La desviación del cálculo, explicó, “no vino de un error de la fórmula, sino de previsión porque no se esperaba el incremento del precio del plátano que se produjo en 2022. El mercado es imprevisible y ni Asprocan (Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias) , ni las OPP y menos aún la Consejería pudieron prever que el precio pasara de 50 céntimos a 1,5  euros/kg”, recalcó. Por tanto, “cuando a final del año agrícola se hacen los cálculos de los datos reales, hubo agricultores que perdieron menos de lo que se había estimado. Una subida de precios, quiero aclarar, que fue positiva para los agricultores”. 

Vanoostende recuerda que esta situación se fue tratando a partir de principio de 2023 con las OPPs, “para buscar fórmulas que no perjudicaran a los agricultores a los que se ha ayudado desde el principio. El nuevo Ejecutivo, tal y como hizo el Gobierno del Pacto de las Flores, tiene que trabajar para ayudar a los agricultores, con medidas que pueden pasar por compensar con otras ayudas, entre otras medidas”, añade. 

Vanoostende señala que al igual que hizo cuando se puso al frente de la Consejería, “gestionando cuestiones como sanciones de la Unión Europea por auditorías a la gestión del anterior consejero o la situación de GMR, que estaba a punto del cierre por la Intervención por incumplimientos graves en la ley de contratos, el actual Gobierno tiene que ponerse a trabajar para buscar soluciones en lugar de hacer política rastrera para atacar al anterior gobierno. Nosotros jamás empleamos estos argumentos para atacar al anterior Gobierno, pero cada uno se retrata con su actuación”, apostilló. 

La parlamentaria concretó que “1.000 de los 1.200 agricultores afectados, es decir, el 80%, debería reintegrar menos de 5.000 euros, de los que más de la mitad, serían menos de 1.000 euros. El mayor importe a integrar, que son 100.000  euros, corresponde a un beneficiario que tenía la parcela en la zona cero, por lo que se le anticipó el 100% de las pérdidas previstas. Este beneficiario también tenía otras fincas en otras islas que triplicaron los ingresos medios. Por lo que al calcular la pérdida, se vio que no había tenido ninguna pérdida ese año”. 

“Cortina de humo” 

“En esta cortina de humo que tratan de propagar el consejero y su director general se nos ha llegado a acusar del disparate de dar ayudas por fincas que estaban fuera de la isla de La Palma. Es cierto que para calcular los ingresos de los beneficiarios se tienen en cuenta todas las fincas, pero los anticipos se dieron solo por las fincas en las zonas afectadas”, destacó la diputada. 

De hecho, prosiguió, “algunas OPP que tenían grandes propietarios con fincas en otras islas, pidieron que no se hiciera así, pero les explicamos que no era una cuestión de querer hacerlo o no, sino que la normativa es clara cuando habla de que la pérdida de ingresos es de la explotación agraria, que incluye todas las parcelas. Eso, además, se discutió en el proceso de redacción de la convocatoria, y las OPP lo tenían claro”. 

Vanoostende indicó que “también nos han acusado de dar las ayudas a lo loco, cuando estas convocatorias se trabajaron desde los servicios técnicos y jurídicos de la Dirección General de Agricultura, con la supervisión de los servicios jurídicos de la Consejería y de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, como todas las ayudas”. 

Apaunta que “hasta tal punto se ha llevado este asunto al populismo más rancio, que se nos ha acusado de haber dado la ayuda con interés electoralista. Nosotros no pensábamos en las elecciones cuando buscábamos soluciones ante la catástrofe natural que sufrimos. Otros, quizá, sí. La campaña electoral para algunos empezó con el volcán”. 

“No hubo, por tanto, ningún engaño, sino la búsqueda de una solución para la emergencia en la que nos encontrábamos: la única posible. Tampoco se le escondió esta situación al nuevo Ejecutivo y se trató por parte del anterior director en las reuniones con el nuevo para el traspaso de funciones”, agregó.  

Vanoostende lamenta que “este ataque al anterior ejecutivo, que responde a cuestiones políticas y que viene a tapar la falta de impulso con las cuestiones de La Palma desde el mes de julio, va también contra los equipos técnicos de la Consejería, a los que se les ha acusado también de falta de rigor y seriedad y también a los agricultores afectados, a los que se les está engañando con todas estas cuestiones y modificando a sus espaldas la reconstrucción agrícola del Valle de Aridane”. 

“Si Quintero y Taño creen que la gestión de los técnicos ha sido mala, no se entiende que, de los seis altos cargos de este nuevo Ejecutivo en la Consejería, dos hayan tenido participación directa en todo este proceso, desde la convocatoria hasta las reuniones que hicimos para los posibles reintegros, como es la SGT, que era la jefa de servicio jurídico”, recalca la diputada socialista. 

“Por cierto”, indica, “dos profesionales de la Administración, rigurosos, serios y comprometidos desde el minuto cero con la isla de La Palma y a los que yo no tengo sino palabras de agradecimiento por la gestión de estos cuatro años, con pandemia, volcanes y, dicho por los técnicos de la casa, los peores cuatro años en la historia de la Consejería”. 

“Pero no solo a estos dos profesionales, sino al resto del equipo del servicio de registros que tramitó esta ayuda, un equipo que lidió con las ayudas extraordinarias por el COVID, con las ayudas extraordinarias por el volcán, con las ayudas del PDR del incendio de La Palma y con las ayudas del PDR del volcán. Aparte, claro está, de su gestión ordinaria”, agregó la exconsejera, quien pidió que “no ensucien el trabajo de estas personas, que han estado y seguirán en la Administración año tras año, elecciones tras elecciones, sin mirar por colores políticos sino por el progreso del sector”. 

Decreto de reconstrucción 

La diputada socialista, se señala en lanota, profundizó también en su intervención sobre la gestión que está realizando el actual Gobierno de Canarias sobre el decreto de reconstrucción agrario, sobre el que el director general ha hablado de que se ha modificado. 

“Modificaciones por excusas banales, como que la reparcelación podría tener problemas de recursos, como todo en la vida, o el mantra de la constitucionalidad, que ya se ha desmontado”, sostiene. 

“Dicen también -prosigue la parlamentaria socialista- que quieren mostrar a Bruselas que se puede reconstruir con el PDR. Claro que se puede, de hecho esas convocatorias las hicimos y resolvimos nosotros. Y, además, ya se lo contamos a la Comisión Europea”. 

En cuanto a que “defienden que las fincas nuevas deben estar donde mismo la anterior”, recuerda que “esa posibilidad también la contempla el decreto, que dice que deberán estar lo más cerca de la ubicación anterior”.  “Dicen que hay que pagar por lo perdido y eso también lo contempla el borrador de decreto, a través de los BCUS de la Consejería de Agricultura, para aquellas personas que quieran abandonar”. 

Alicia Vanoostende recuerda que “llevamos mes y medio pidiendo al nuevo Gobierno transparencia y comunicación. Que se reúnan con los afectados con urgencia. La semana pasada hubo una convocatoria solo para las plataformas y por Whatsaap. Curiosa manera de convocar a una reunión, muy serio y riguroso”.  

“La realidad es no están escuchando a los agricultores. Por esta razón intuimos que los cambios que están haciendo se deben a otros intereses, a cambios que no se sabe quién ha propuesto. Y que no van en favor de los pequeños productores, pero quizá sí a los grandes”, agrega. 

La exconsejera se pregunta que “¿si van a llevar una propuesta a Bruselas, no sería lógico primero consensuarla con los afectados? Este viaje a Bruselas parece algo parecido a la convocatoria por Whatsasp, todo muy serio y riguroso, y de espaldas al sector. De espaldas a los afectados, a las cooperativas, a las OPP, a Asepalma y a Asprocan”. 

Por último, la diputada reclama que “se pague ya a los productores la pérdida de renta del último año. Si el Ministerio no ha transferido los fondos, que lo adelante el Gobierno canario. Así lo hicimos con el PDR, abonamos 25 millones de euros. Si nosotros pudimos hacerlo, también el nuevo Ejecutivo puede, es solo cuestión de voluntad y de pensar en los afectados y sus familias”, concluye.