IUC lleva al Congreso de los Diputados la posible desaparición de 13 oficinas del Registro Civil en La Palma
Izquierda Unida Canaria (IUC) ha registrado, a través del diputado José Luis Centella del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, una pregunta por escrito en el Congreso de los Diputados sobre la posible desaparición de 13 oficinas del Registro Civil en La Palma, informa en una nota de prensa.
Como han advertido los sindicatos, añade, “la entrada en vigor el próximo mes de julio de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil supondrá para la Isla la centralización del Registro Civil en una sola oficina, en Santa Cruz de La Palma, y la desaparición de las hasta ahora existente en los restantes municipios de la Isla”.
Esta situación ha llevado a IUC en La Palma “a cuestionar al Gobierno de España si ha tenido en cuenta las consecuencias que tendrá para los ciudadanos y ciudadanas de La Palma la medida”. Un territorio donde, alega, “el envejecimiento, la poca penetración de Internet para desarrollar algunos de estos trámites o la dispersión poblacional” ocasionarían “un importante trastorno para miles de palmeros y palmeros que habitualmente realizan trámites en el Registro Civil de su municipio, como certificados de nacimiento, matrimonio o expedientes de nacionalidad, entre otros”.
“La privatización del Registro Civil”, apunta, “supondrá un nuevo expolio de lo público, como ha venido denunciando el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural”. Indica que “los registradores mercantiles, unos 120 en toda España, al hacerse cargo del Registro Civil cobrarán por un servicio que hasta hoy era público y gratuito”. Por el otro, añade, “los datos privados de millones de ciudadanos pasarán a manos de personas que no son funcionarios públicos, ni sujetos a sus deberes y obligaciones, por lo que empresas informáticas podrán tener acceso a los datos de millones de personas físicas y jurídicas, pudiéndose comercializarse esos ficheros con ganancias millonarias”.
Izquierda Unida defiende que “el Registro Civil siga siendo un servicio público y gratuito, dentro de la Administración de Justicia, y no encomendado a la gestión privada de los registradores mercantiles”.
