Personas sordociegas trasladan a la Diputación del Común la falta de intérpretes en servicios públicos

La Diputada del Común, Lola Padrón, ha mantenido una reunión con la Asociación de Personas con Sordoceguera de Canarias (ASOCIDE), en la que ha recogido una queja sobre las dificultades que enfrenta este colectivo en su día a día, especialmente en situaciones en las que la comunicación resulta imprescindible, informa la institución.

Durante el encuentro, la asociación trasladó que, aunque en los últimos años se han aprobado normas que reconocen y regulan los derechos comunicativos de las personas sordas y sordociegas, su aplicación en Canarias es todavía insuficiente. Esta falta de desarrollo práctico está provocando que, en comparación con otros territorios, las personas sordociegas vean limitados derechos básicos y su autonomía personal en aspectos esenciales de su vida diaria.

Uno de los problemas principales se da en el ámbito sanitario. La falta de guías-intérpretes no implica solo acudir acompañado a consulta. Supone que la persona sordociega tenga que explicarle a un familiar qué le ocurre, que ese familiar intente trasladarlo al personal médico y que, posteriormente, vuelva a interpretar una respuesta que puede incluir diagnósticos, instrucciones o términos técnicos.

En este proceso, el paciente pierde el control directo sobre la conversación acerca de su propia salud. No puede preguntar con precisión ni asegurarse de haber entendido correctamente lo que le han explicado, ya que todo depende de la capacidad de otra persona para interpretar información médica.

A esta situación se suma la falta de protocolos en urgencias. Según la queja, cuando una persona sordociega acude sola a un centro sanitario, el personal no siempre sabe identificar su discapacidad ni cómo iniciar una comunicación básica, lo que puede retrasar la atención en momentos críticos.

Esta barrera de comunicación también se traslada al ámbito educativo. La falta de intérpretes en las aulas impide que la comunicación funcione con normalidad. Sin este apoyo, el alumnado no puede seguir el ritmo de la clase ni participar en igualdad de condiciones, y el profesorado con discapacidad auditiva ve limitada su capacidad para desarrollar su trabajo.

Según ASOCIDE, estos apoyos no siempre están disponibles o llegan de forma tardía, lo que provoca periodos en los que la comunicación en el aula se ve seriamente afectada.

Este problema también tiene impacto en la formación. En Canarias, la Lengua de Signos Española no forma parte de la oferta de las Escuelas Oficiales de Idiomas, lo que limita las posibilidades de aprendizaje tanto para personas sordas como para quienes necesitan comunicarse con ellas en su entorno personal o profesional.

Las dificultades continúan en la administración electrónica. Según recoge la queja, muchas sedes digitales de las administraciones públicas en Canarias no son compatibles con líneas braille ni con lectores de pantalla utilizados por las personas sordociegas.

Esto tiene consecuencias directas: sin la figura del guía-intérprete, trámites básicos como solicitar la Ley de Dependencia, gestionar el grado de discapacidad o inscribirse en ofertas de empleo se vuelven, en la práctica, imposibles de realizar de forma autónoma.

La queja también pone el foco en el acceso al empleo. En Canarias no existen programas específicos que contemplen la figura del mediador o guía-intérprete en el entorno laboral, lo que limita las oportunidades de inserción y mantiene a muchas personas en una situación de dependencia económica.

Además, ASOCIDE advierte de que no existe un censo oficial de personas sordociegas en Canarias, lo que impide conocer cuántas personas están afectadas y planificar los recursos necesarios para garantizar sus derechos.

Durante la reunión, la Diputada del Común subrayó que “una persona sordociega no puede depender de un familiar para entender un diagnóstico médico o realizar un trámite. Estamos hablando de su derecho a decidir sobre su propia vida”.

La queja incluye también pautas básicas para situaciones de emergencia que evidencian la falta de conocimiento general sobre esta realidad. Por ejemplo, se recomienda que policías o equipos de emergencia se identifiquen mediante el contacto físico en el hombro o el brazo, o que utilicen señales táctiles sencillas, como trazar una “X” en la espalda para indicar una situación de peligro y guiar a la persona sin necesidad de comunicación verbal.

Entre las medidas planteadas por la asociación se encuentran la incorporación de guías-intérpretes en sanidad y educación, la inclusión de la lengua de signos en la oferta pública de idiomas, la adaptación real de la administración electrónica y la elaboración de un censo oficial que permita dimensionar y atender adecuadamente las necesidades del colectivo.

La Diputación del Común analizará la información recibida para trasladar estas situaciones a las administraciones competentes y contribuir a mejorar la respuesta de los servicios públicos.