El sindicato CSIF denuncia a Funeraria La Paz ante la Inspección de Trabajo por jornadas de 72 horas

Los trabajadores de la empresa Funeraria La Paz Aridane “solicitan por medio de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ayuda urgente al pueblo palmero y a sus instituciones políticas para dejar de ser esclavos” de unos empresarios que “desde hace más de 30 años son dueños de una de las empresas con mayor presencia en la práctica totalidad de la isla de La Palma”, asegura el CSIF en nota de prensa.

La citada central sindical ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a Funeraria La Paz Aridane por “obligar a sus trabajadores a realizar una jornada superior a la legalmente establecida, siendo en algunos casos de 360 horas al mes, sin respetar los descansos mínimos establecidos por ley y realizando jornadas de hasta 72 horas seguidas”, según se recoge en la denuncia, en la que se añade que “también denunciamos que esta empresa no entrega cuadrantes ni mensual ni anual a los trabajadores cuñados y sellados por la empresa”. “Tampoco se les permite disfrutar de un cuadrante anual de vacaciones, por lo que solicitamos que se realice inspección a esta empresa fuera del horario laboral en los distintos centros de trabajo”, se apunta en el documento.

En el comunicado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios explica que en 2018 se celebraron “por primera vez en la historia de Funeraria La Paz Aridane” unas elecciones sindicales, “lo que abocó a que la empresa tuviera a un representante de los trabajadores, quien salió electo tras unas elecciones que supusieron el despido de algunos trabajadores por no haber votado al sindicato que propuso la empresa, UGT”.

“Desde que el CSIF ha tomado el mando en las negociaciones con los representantes de la empresa, no han parado de acontecer sucesos que atentan contra los derechos laborales más básicos (horarios de hasta 72 horas consecutivas de trabajo ininterrumpido, pernoctas infinitas en los centros de trabajo, denuncias ante Inspección de Trabajo, acosos a la mayoría de trabajadores, represalias empresariales por reunirse con los abogados del sindicato, despidos por la condición sindical del trabajador, amenazas constantes de futuros despidos masivos y un largo etcétera)”, asevera.

“La empresa siempre ha negado que la presencia del sindicato haya cambiado su gestión”, señala. “Los trabajadores, ya desesperados ante la inactividad de Inspección de Trabajo y de los gestores de la propia empresa, solicitan ayuda a las instituciones palmeras, a todos los ciudadanos de la isla de La Palma. No aguantan más esta situación”, indica.

“Lo que más nos asustaba en un principio era poder denunciar la historia de un sector tan desconocido, pero no nos ha quedado más remedio. La culpa de que la empresa no facture más nos la achacan a nosotros como trabajadores, por empezar desde que estamos sindicados a protestar por trabajar semanas enteras sin descanso”, opina uno de los empleados que “no quiere dar su nombre para no verse despedido por la empresa”, según se apunta en la nota del CSIF.

“Desde los servicios jurídicos del sindicato CSIF se sigue priorizando para que los trabajadores puedan obtener los derechos reconocidos por la actual legislación existente en materia laboral, pero entendiendo que el foco debe de dejar de estar centrado en los propios trabajadores, pasando a estar enfocado en torno al pueblo y a las instituciones palmeras”, concluye.

Este periódico ha intentado conocer la versión de la empresa.