Suspenden 'sine die' el juicio del caso ‘Los Tarajales’
El juicio por el caso Los Tarajales, que se inició este jueves por parte del Juzgado de lo Penal número 7 de Santa Cruz de La Palma en la sala de vistas del Juzgado número 1 de Los Llanos de Aridane, ha quedado suspendido, a petición del fiscal y las partes, por fallos en la instrucción procesal y ausencia competencial, y vuelve al Juzgado de Instrucción. Si se determina que el delito de estafa agravada entra en el juicio oral, entonces el proceso pasará a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en caso contrario, será competencia del Juzgado de lo Penal número 7 de la capital palmera.
La suspensión del juicio, según informa Efe, se produjo minutos después de iniciarse el proceso judicial en el que la acusación pide 18 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación pública para el alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez y el arquitecto municipal, por un presunto delito urbanístico. La Fiscalía y los abogados de la defensa y acusación solicitaron a la jueza la suspensión del mismo por existir fallos en la instrucción procesal, incorporándose además por parte de la acusación, un supuesto delito de estafa agravada.
La jueza tras una suspensión temporal de la vista para deliberar, tomó la decisión de aceptar las solicitudes presentadas y suspender por tanto la causa y dar traslado de nuevo al Juzgado de Instrucción.
En este proceso judicial por un presunto delito de prevaricación urbanística, que se ha prolongado más de una década, están implicados el alcalde de Tazacorte, cuatro ex concejales y el arquitecto municipal. Se juzga un presunto delito contra la ordenación del territorio, en la modalidad de prevaricación urbanística, por la construcción de un edificio de lujo en la Avenida del Emigrante de la Villa y Puerto de Tazacorte en un suelo afectado por la Ley de Costas.
En el caso Los Tarajales están encausadas seis personas, entre ellas el actual alcalde de la Villa y Puerto de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez, de UB-CC, que concedió la licencia y autorizó en 2005 la construcción del edificio en litigio. Asimismo, están investigados cuatro miembros del entonces grupo de Gobierno: el primer teniente de alcalde, Juan Miguel Rodríguez Acosta, y los concejales Francisco Pérez Acosta, Roberto Pérez Lorenzo y José Martín Castillo, además del arquitecto municipal, Rosendo Luis Brito.
El fiscal solicita un máximo de 18 meses de prisión y 10 años de inhabilitación para Ángel Pablo Rodríguez y la acusación particular amplía la pena, elevándola hasta cuatro años de cárcel para el alcalde de Tazacorte. En el caso de Juan Miguel Rodríguez, Francisco Pérez Acosta, Roberto Pérez Lorenzo y José Martín Castillo, el Ministerio Público solicita 9 meses de cárcel y 8 años de inhabilitación. La condena que se reclama para el arquitecto Rosendo Luis Brito es de un año de cárcel y nueve de inhabilitación.
En el juicio también se tendrá que dirimir si el edificio objeto de la causa penal deberá ser demolido y si el coste lo asumirán los propios acusados o el Ayuntamiento de Tazacorte.
