La Fiscalía recurre el archivo de la denuncia por las condiciones "deplorables" de los migrantes en Arguineguín

Migrantes esperan alguna solución en el muelle de Arguineguín

La Fiscalía de Canarias ha recurrido el archivo de la denuncia que pedía depurar responsabilidades penales por las condiciones de hacinamiento que han sufrido desde agosto miles de migrantes en el muelle de Arguineguín, según han informado a Efe fuentes del Ministerio Público.

Una jueza establece que los migrantes de Arguineguín pueden marcharse libremente pasadas las 72 horas, pero ellos no lo saben

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La Fiscalía alega en su recurso que no puede darse carpetazo a este asunto sin hacer al menos las indagaciones que había sugerido para averiguar si son o no constitutivas de delito las condiciones "deplorables" en las que han malvivido los migrantes, como admite la propia juez.

Estas diligencias se abrieron a raíz de una denuncia de la alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, que ha pedido en varias ocasiones el desmantelamiento del "campamento de la vergüenza" de Arguineguín, al entender que el lugar no ofrecía las condiciones mínimas para ofrecer un trato digno y acorde a las normas sanitarias de prevención de la COVID-19.

La juez que se hizo cargo del caso, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana, admite que las condiciones de ese campamento han sido "efectivamente deplorables", pero descarta que de ellas pueda extraerse consecuencia penal alguna. La alcaldesa, Onalia Bueno, no señalaba formalmente en su denuncia ningún responsable concreto de la vulneración de los Derechos Humanos que, a su entender, se estaba produciendo en el campamento del puerto de Arguineguín (donde han llegado a pernoctar 2.500 personas, cinco veces su capacidad), pero al registrarla sí manifestó ante la prensa que esperaba que se depurasen "responsabilidades penales" en el Gobierno.

"El examen de las diligencias de investigación practicadas, así como de la presente denuncia, debe llevar necesariamente a su archivo, por entender esta instructora que los hechos denunciados no son presuntamente constitutivos de infracción criminal", argumenta la juez Yanira del Carmen González, que inspeccionó el campamento el pasado viernes para conocer en persona cuál era la situación.

Bueno denunciaba que se incumplían las normas de obligado cumplimiento para la prevención de la COVID-19, que no había camas para ninguno de los inmigrantes, que solo se habían dispuesto 12 duchas y que los cientos de personas allí congregadas compartían 25 baños químicos. También cuestionaba que los migrantes solo recibieran bocadillos como alimentación o que no se les facilitara lavar la ropa. Y denunciaba que muchas de esas personas habían tenido que soportar "esas durísimas condiciones hasta más de 15 días" en el muelle

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25 de noviembre de 2020 - 21:10 h

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