Una jueza establece que los migrantes de Arguineguín pueden marcharse libremente pasadas las 72 horas, pero ellos no lo saben

El Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana ha archivado la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Mogán sobre la situación en la que se encuentran los inmigrantes hacinados en el muelle de Arguineguín. La jueza no ve delito en las condiciones en las que miles de personas han vivido en este puerto del sur de Gran Canaria, pero reconoce que son “deplorables”. La magistrada subraya en el auto que tampoco ha podido acreditarse la existencia de ilícito penal en relación a la concentración de más de mil extranjeros en el muelle. “No ha quedado probado que los mismos estén en dicho recinto en contra de su voluntad, ni que se les haya impedido abandonarlo. No existe prueba alguna que acredite que los ciudadanos [...] al intentar abandonar las mismas hayan regresado por la fuerza”. Esta afirmación revela que, pasadas las 72 horas que los migrantes pueden pasar bajo custodia policial tras llegar por mar a Canarias, pueden marcharse voluntariamente. Algunos migrantes señalan que nadie les informa de esa alternativa. Por el contrario, el Ministerio del Interior ha asegurado a este periódico que “sí son conocedores de ello” y que es la Policía Nacional la que se encarga de comunicarlo.

“Si lo hubiera sabido, no habría estado allí once días”, asegura Abdel (nombre ficticio), que llegó en patera desde Marruecos el pasado 7 de noviembre a Gran Canaria. “Hay personas que fueron trasladadas del muelle rápidamente. Otras, como yo, pasaron allí mucho tiempo. Nosotros nunca comprendimos qué pasaba”, lamenta. “No hay información y, cuando nosotros la pedimos dicen que no nos pueden responder porque hay mucha gente”, recuerda.

“El delito de detención ilegal exige un dolo específico, es decir, la voluntad de privar a otro de su libertad durante cierto tiempo. Si tal propósito no resulta evidente por las circunstancias del caso, no se cometería este delito”, matiza la magistrada en el auto. La crisis sanitaria que atraviesa España por la COVID-19 es, según la jueza, una de las causas que ha provocado la permanencia en el muelle de migrantes durante más de 72 horas.

De este modo, “no se puede realizar labor alguna - ni administrativa, ni judicial - hasta obtener los resultados de las pruebas PCR realizadas a todos los migrantes que llegan a Canarias. Lo mismo sucede en el caso de aquellos que deben seguir la cuarentena o las prescripciones necesarias establecidas por el profesional sanitario que los asiste. ”La libertad ambulatoria puede encontrarse limitada por el protocolo a seguir“, apunta la jueza que, además, considera que existe una ”prudente proporcionalidad entre la limitación del derecho fundamental y la salvaguarda de la salud pública“.

Otro auto emitido por un juez del Juzgado de Instrucción número 1 San Bartolomé de Tirajana y que ha publicado La Marea también explica que los migrantes pueden salir si lo piden a un policía pasadas las 72 horas. El magistrado se pronunció así después de que un joven denunciara que su hermano había sido detenido ilegalmente en el muelle más de tres días. El hombre llegado en patera a Gran Canaria asegura que desconocía que tenía esta posibilidad, y que si lo hubiera sabido habría intentado llegar a un lugar en mejores condiciones. Por su parte, agentes policiales, en declaraciones recogidas por La Marea, aseguran que él supo que estaba en libertad cuando se le entregó la orden de devolución.

Según el auto, al que ha tenido acceso este periódico, el magistrado considera que “los migrantes vienen sin recursos y quedan a la espera de ser atendidos asistencialmente por la Administración”. “No es ilógico pensar que el sujeto prefiera quedarse en un campamento a la espera de ser derivado a un recurso asistencial a vagar por la calle, pero en cualquier caso no consta que hubiera pedido salir o hubiera intentado salir y se le prohibiera”.

“En el fondo se limitan a recordar lo que dice la ley”, han corroborado a Efe dos fuentes consultadas en el Ministerio del Interior y la propia Policía. Y a ninguna de las dos les consta que se hayan dictado instrucciones, órdenes o circulares específicas al respecto sobre Arguineguín. “Los policías conocen la ley”. Efe ha publicado que tiene constancia de que entre los policías sí está circulando una pauta de recomendaciones no oficiales de qué hacer tanto en Arguineguín como en el nuevo centro de atención temporal de Barranco Seco si un inmigrante quiere marcharse, o si un familiar acude a buscarlo y el aludido desea irse.

El consejo que han recibido los policías, si en ese momento no tienen funcionarios de Extranjería que se ocupen, es consultar formalmente a la Sala sobre si procede o no permitirle salir y dejar que se marche si no se les comunica que sigue detenido.

Falta de información sobre sus derechos

Fuentes policiales han respondido a Canarias Ahora que la función de informar a los migrantes sobre sus derechos corresponde a los abogados. La falta de asistencia jurídica y la carencia de intérpretes ya fue denunciada por Human Rights Watch tras su visita al muelle. La subdirectora para Europa y Asia Central de la organización señaló que los migrantes con los que había hablado fuera del puerto declararon que “no habían hablado con ningún abogado, ni recordaban la presencia de letrados”. En el caso de los intérpretes, “un par de personas dijeron que había una mujer que hablaba francés y otro hombre africano que hablaba francés”. “Todos me dijeron que no habían entendido que el papel que les daban era una orden de devolución. Los que entendieron algo me dijeron que la Policía les explicó que con ese papel eran fichados y el papel servía para identificarlos si eran parados por la Policía”, subraya Sunderland.

Después de que la Cadena SER publicara las carencias en la asistencia letrada y la entrega de órdenes de devolución sin entrevista previa con un abogado, el Colegio de Abogados de Las Palmas emitió un comunicado en el que lamentaban que en el muelle “no existe ningún lugar mínimamente habilitado para realizar las entrevistas con los migrantes con cierta privacidad, donde poder conocer su situación y circunstancias personales”. El decano del Colegio, Rafael Massieu, también denunció el “absolutamente insuficiente” número de traductores e intérpretes en el muelle, sin tener en cuenta que la mayoría de personas que llegan a las costas canarias no hablan español y a veces tampoco inglés o francés. En ocasiones, solo cuentan con dos traductores para entrevistarse con cientos de personas migrantes. Después de esta polémica, se ha instalado una carpa con una mesa y cuatro sillas para “uso exclusivo de letrados”.