El Gobierno impugna 122 de las 256 listas de ANV en País Vasco y Navarra
El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, impugnó este jueves 122 de las más de 250 candidaturas que el partido Acción Nacionalista Vasca ha presentado en el País Vasco y Navarra para las elecciones del próximo 27 de mayo. Mientras, la Fiscalía General del Estado impugnó 110 listas de ANV.
El escrito presentado en el Tribunal Supremo por el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, señala que la presentación de listas “por un minúsculo partido legal” cuyos objetivos “no contradicen directamente los de Batasuna” supone una “ocasión idónea para fagocitar y hacer suya” por parte del partido disuelto algunas de las candidaturas de este pequeño partido. El texto, de 68 páginas, añade que “la citada fagocitación de las listas del partido al servicio de la estrategia de Batasuna no sólo resulta de la composición de sus listas electorales”, sino de otros elementos de prueba adicionales, “configurando las listas impugnadas como sucesoras y continuadoras de la actividad de los partidos ilegalizados”.
Además, señala que las candidaturas impugnadas en su inmensa mayoría acogen una significativa presencia de dirigentes, miembros de Batasuna y antiguos candidatos y electos de dicho partido. También argumenta que aunque ANV no desarrolla actividades que lo hagan incurrir en supuestos de disolución judicial sí aparece como “instrumento defraudador” de una resolución judicial la presentación de algunas candidaturas cuantitativa y cualitativamente vinculadas a Batasuna.
De Fuentes Bardají explicó que el criterio seguido ha sido el de impugnar las listas compuestas en al menos un 20 o un 30% de candidatos vinculados con Batasuna. Otro factor considerado es su peso específico en las referidas listas y, según dijo el abogado general del Estado, “la mayoría de las veces se han presentado en números altos, cerca de las cabeceras de las listas”.
Los recursos se dirigen contra siete candidaturas a Juntas Generales (una de Álava, dos de Vizcaya y cuatro de Guipúzcoa), la candidatura al Parlamento de Navarra, 17 candidaturas municipales en Álava, 21 municipales en Guipúzcoa, 59 municipales en Vizcaya y 17 candidaturas municipales en Navarra.
Triple estrategia
Los argumentos que soportan el recurso de la Abogacía son que se ha detectado la existencia de una triple estrategia de Batasuna para participar en las elecciones del 27 de mayo “obviando su ilegalización”. Esta triple estrategia es inscribir un nuevo partido en el Registro del Ministerio del Interior, Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB); presentar agrupaciones electorales, Abertzale Sozialistak (SA); y utilizar en la medida de lo posible las listas electorales de un partido legal, ANV.
Las dos primeras estrategias, según el Ministerio de Justicia, han recibido la respuesta de sendos recursos planteados por la Abogacía del Estado y la Fiscalía, impugnando la legalidad del nuevo partido y de las 253 listas de las agrupaciones electorales (246 de AS y 7 independientes) los días 3 de abril y 3 mayo. Al tercer componente de esa estrategia se hace frente a través del actual recurso contra 122 listas electorales del partido ANV.
“Dirigidas o manipuladas” por Batasuna
Por su parte, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, explicó que la Fiscalía ha actuado con criterios “estrictamente jurídicos y de Derecho”, por lo que sólo ha impugnado las 110 listas de ANV en las que hay “prueba suficiente” de que han sido “dirigidas o manipuladas” por una formación ilegalizada, en referencia a Batasuna.
Estos criterios, según detalló, han tenido en cuenta que “al menos” hubiera en cada lista tres personas vinculadas con Batasuna o que, si sólo hubiera una, ésta tuviera un carácter “relevante” en la estructura organizativa de la formación ilegalizada. Además, la Fiscalía ha considerado que esta conexión con Batasuna se remontara como máximo hasta las elecciones municipales de 1995, “pero no más atrás, porque nos parecía excesivo”, y, en caso de “duda”, subrayó Conde-Pumpido, ha prevalecido el derecho de todos los ciudadanos a participar en los comicios.
En las 146 listas que no han sido impugnadas, dijo, no existen “pruebas suficientes” de que estén promovidas por el partido ilegal, y se refirió a la “dificultad añadida” que ha supuesto el análisis de las candidaturas de ANV al tratarse de una formación legal y que “ha condenado la violencia” en sus estatutos. No obstante, señaló que en las listas de ANV rechazadas se han encontrado “pruebas directas” de su vinculación a Batasuna y se refirió, en concreto, a la documentación incautada al presunto etarra Gorka Murillo, detenido el pasado 27 de abril y a quien el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acusó de elaborar listas de Abertzale Sozialistak y de ANV en Ultzama (Navarra).
También llamó la atención sobre el hecho de que ANV presentara un “elevado” número de candidaturas cuando la actividad de este partido ha sido escasa. De acuerdo con el escrito de impugnación, el objetivo de este procedimiento “no es evitar que ANV se presente a las elecciones (...), sino evitar que Batasuna se presente a las elecciones utilizando las listas de ANV”.
En el escrito, la Fiscalía General menciona también los informes policiales solicitados por Garzón en relación con ANV y sobre los que el juez sustentó su decisión de no suspender la actividad de esta formación al no poder determinarse que estuviera vinculada con ETA-Batasuna. Con estas consideraciones, además de otras que recoge la Ley de Partidos, añade, “deberá llegarse a la conclusión de que la vía de la ilegalización es, en este momento, extemporánea”.
Con el 43% de las listas de ANV impugnadas esta tarde, la Fiscalía ha dado un nuevo paso para “cumplir con su compromiso” de aplicar “con todo el rigor” la Ley de Partidos en las tres vertientes en que pudiera haber un fraude, agregó Conde-Pumpido. Lo hizo, en primer lugar, al presentar ante la llamada “sala del 61” del Tribunal Supremo una demanda de ilegalización de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) el pasado 3 de abril, aún pendiente de una resolución, e interponer esta pasada medianoche una demanda de impugnación ante el mismo tribunal contra todas las candidaturas de Abertzale Sozialistak (AS).
Conde-Pumpido “agradeció” al PP su colaboración por el informe que ha presentado ante la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el TS, en el que insta a estas instituciones a impugnar las agrupaciones electorales y todas las listas de ANV por creer que forman parte de la estrategia de ETA-Batasuna, “pero la posición del Ministerio Fiscal”, dijo, se ha basado en criterios “estrictamente jurídicos”.
El Supremo no entregará una copia del censo a Abertzale Sozialistak
Por otro lado, la llamada “Sala del 61” del Tribunal Supremo acordó, en un auto notificado este jueves, acceder a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado de no entregar copia del censo electoral a las candidaturas de Abertzale Sozialistak (AS) e independientes impugnadas.
La sala especial dice que, de prosperar el recurso contra estas listas, “nos encontraríamos ante una agrupación electoral sucesora y continuadora de un partido político ilegalizado y disuelto por su vinculación con el terrorismo, por lo que la obtención de los datos censales actualizados de los ciudadanos podría conllevar un importantísimo riesgo para la seguridad de muchísimos de ellos”. Esa información, añade, “podría poner en peligro derechos fundamentales tales como la vida, la integridad física y la seguridad de las personas que en ellos figuren”.
Por otra parte, la “Sala del 61” acordó en otra resolución admitir a trámite los recursos presentados esta pasada medianoche por el Ministerio Público y los servicios jurídicos del Estado y dar un plazo, que concluirá a las 18.00 horas de mañana, para que los representantes de las candidaturas impugnadas se personen en el procedimiento y efectúen sus alegaciones. La Fiscalía ha impugnado un total de 250 candidaturas -244 de AS y seis independientes-, mientras que la Abogacía del Estado lo ha hecho con un total de 253 -246 de Abertzale Sozialistak y siete independientes-.
En los escritos de impugnación solicitaron como medida cautelar que la Junta Electoral no entregara copias del censo a las candidaturas cuya proclamación se impugna. El Gobierno reclamaba como medida cautelar, “por la relación de las candidaturas impugnadas con Batasuna y con la organización terrorista ETA”, que “éstas no tengan acceso al censo electoral, ”instrumento de localización de personas utilizado en numerosas ocasiones para atentar, amedrentar o coaccionar“, hasta que el TS se pronuncie.
Al respecto, el Alto Tribunal concluye que “la adopción de la medida cautelar solicitada produciría, a lo sumo, un perjuicio mínimo para los intereses de las candidaturas impugnadas, dado que tan sólo se retrasaría en dos días, plazo legalmente establecido para dictar sentencia, la posibilidad de obtener esta información”. Así, “disponen de tiempo suficiente para hacer uso de la misma a los fines legalmente previstos, dada la fecha de inicio de la campaña electoral”, el próximo 11 de mayo.
Además, la resolución indica que la urgencia para resolver sobre la medida cautelar resulta patente vista la previsión legal contemplada en el artículo 41.5 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Dicho artículo establece que “los representantes de cada candidatura podrán obtener el día siguiente a la proclamación de candidaturas una copia del censo del distrito correspondiente, ordenado por mesas, en soporte apto para su tratamiento informático, que podrá ser utilizado exclusivamente para los fines previstos en la presente ley”.
En otro auto el Alto Tribunal, además de dar plazo para que los representantes de las candidaturas impugnadas efectúen sus alegaciones, acuerda de oficio acumular los recursos del fiscal y de la Abogacía del Estado para su tramitación conjunta al ser sustancialmente coincidentes, “dado que tan sólo difieren en tres de las candidaturas impugnadas”.
