Gobierno y Fiscalía impugnarán todas las listas de Abertzale Sozialistak
En el escrito que el Ministerio Público presentará ante el Tribunal Supremo se solicita que se deje sin efecto la proclamación de 244 listas que AS presenta al Parlamento de Navarra (una), a las Juntas Generales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya (once) y el resto en municipios del País Vasco (192), la Comunidad Foral (38) y el Condado de Treviño (2). Además, la Fiscalía impugnará seis candidaturas independientes, de las que cuatro se han presentado en municipios navarros -Urri en Egües, Erlain en Udabe y la Agrupación Independiente Orikain y la Candidatura San Román de Arre en las localidades de este nombre- y dos en Guipúzcoa -Kimu Berri Taldea en Amezketa y Altzolanean en Altzo-.
El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, impugnó 253 candidaturas de agrupaciones electorales al estimar que “nacen de la mano de los dirigentes de Batasuna y su constitución es promovida públicamente, organizada y animada por los dirigentes y por el conjunto de la organización ilegal”. En un escrito presentado en el Tribunal Supremo minutos después de las doce de la noche por el Abogado General del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, se solicita que se deje sin efecto la proclamación de 246 listas de Abertzale Sozialistak: una al Parlamento Navarro, once a las Juntas Generales del País Vasco y 234 de municipios vascos, navarros y del Condado de Treviño (Burgos).
Además, se impugnan otras siete candidaturas independientes, seis de Navarra -Erlain en Basaburua; Urri en Egües; Agrupación Independiente Orikain, Agrupación Txangola y Candidatura San Román de Arre en Ezcabarte; y Errazkingo Elkartea en Larraun- y una de Guipúzcoa -Kimu Berri Taldea en Amezketa-. Para la Abogacía del Estado, las candidaturas impugnadas “no son sino consecuencia” de la llamada “estrategia de desdoblamiento” entre la actividad terrorista y la política adoptada por ETA desde finales de los años 60 “para presentarse a un nuevo proceso electoral”.
Así, estas listas suponen “la continuación de Batasuna en la vida política, el fruto y desarrollo, por tanto, de las nuevas circunstancias derivadas de la ilegalización de HB-EH-Batasuna”, añade el escrito, de 102 páginas. Como prueba de esa continuidad, la Abogacía del Estado destaca “la participación de los dirigentes y miembros destacados de Batasuna en el proceso de recogida de firmas” para que las agrupaciones electorales pudieran concurrir a los comicios.
Esto pone de manifiesto, “sin sombra alguna de duda, que el proceso de presentación de candidaturas presentadas por agrupaciones de electores ha sido preparado y organizado y es dirigido, dinamizado, controlado y animado por Batasuna” a fin de participar en las elecciones del próximo día 27.
“No parece haber el menor atisbo de disimulo u ocultación”
Los servicios jurídicos del Estado, que analizan una por una las listas impugnadas, señalan, respecto a la presentada por AS en Bilbao, encabezada por la dirigente de Batasuna Jone Goirizelaia, que “no parece haber el menor atisbo de disimulo u ocultación, sino antes al contrario, pública ostentación de las relaciones y vínculos de la candidatura bilbaína con ETA y con Batasuna”. De hecho, en esa misma candidatura, figura la presa Andone Soldevilla, condenada por colaboración con el “comando Vizcaya” de ETA.
La Abogacía del Estado también destaca que en ninguna de las declaraciones públicas hechas por los dirigentes de Batasuna para presentar estas candidaturas “se contiene la más mínima referencia crítica, siquiera fuera tímida, colateral o implícita, a la violencia terrorista de ETA”. El Gobierno pide como medida cautelar, por “la relación de las candidaturas impugnadas con Batasuna y con la organización terrorista ETA”, que éstas no tengan acceso al censo electoral, “instrumento de localización de personas utilizado en numerosas ocasiones para atentar, amedrentar o coaccionar”, hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie.
“La causación de posibles perjuicios a la parte afectada por esta medida, dada la extremada rapidez de tramitación del recurso (...), resultaría proporcionalmente nimia en comparación con los graves perjuicios para una pluralidad de personas -no por potenciales menos graves- que se originarían de suministrarse el censo a las candidaturas cuya proclamación va a ser objeto de recurso”, señala. Esta medida ya fue solicitada y acordada por la “sala del 61” del Supremo con las listas de Herritarren Zerrenda al Parlamento Europeo en junio de 2004 y con las de Aukera Guztiak al Parlamento vasco en 2005.
La Abogacía del Estado, por otra parte, presentará durante la mañana de este jueves en el Tribunal Supremo otro escrito en el que impugnará entre 90 y 125 candidaturas del partido Acción Nacionalista Vasca (ANV).
Planchas “contaminadas”
Mientras tanto, la Fiscalía y el Gobierno seguían trabajando en los escritos de impugnación de las candidaturas de Acción Nacionalista Vasca (ANV), que se presentarán a lo largo de este jueves ante la llamada “sala del 61” del Supremo.
En una rueda de prensa celebrada en la sede de la Fiscalía General del Estado, el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, aseguró que finalmente serán más de 80 las listas de este partido que se impugnarán por estar “contaminadas”. Añadió que, por el momento, no se instará la ilegalización de ANV porque se trata de “un procedimiento expresamente establecido” en la Ley de Partidos que “tiene un recorrido que no permite ser empleado, y nunca se ha empleado, en esta fase de impugnación de candidaturas”.
Conde-Pumpido agregó que esta formación tiene unos estatutos en los que se hace una mención expresa al repudio de la violencia y dijo que la Fiscalía “va a ser muy respetuosa con la libertad ideológica” y que aquellas candidaturas que “no aparezcan infiltradas por Batasuna no se impugnarán”, al igual que se ha hecho con otras listas, entre las que citó las de Aralar. Más claros son los motivos para recurrir la proclamación de las candidaturas de Abertzale Sozialistak, en las que aparecen “los nombres más significativos” de Batasuna, como Pernando Barrena o Floren Aoiz como candidatos al Parlamento de Navarra, Maite Iturralde a la Junta de Álava y Joseba Permach al Ayuntamiento de San Sebastián.
Respecto a las posibles consecuencias que según han advertido algunos representantes de Batasuna puede acarrear el que estas candidaturas no concurran a las elecciones, el fiscal general observó que la formación ilegalizada “conoce cuál es la Ley y saben que no tienen más que repudiar la violencia para presentarse a las elecciones”. Según Conde-Pumpido, “las urnas y las armas son incompatibles. Desaparecida la violencia no hay problema ninguno para que se presente a las elecciones cualquier fuerza política”.
