La incapacidad temporal: beneficio o perjuicio para la salud

En un artículo titulado “Mi trabajo me pone enfermo” publicado por Gorka R. Pérez el pasado domingo 15 de junio de 2025 en el periódico El País, se pone de manifiesto la preocupación creciente que existe sobre como afecta el trabajo a la salud, hasta el extremo que en la actualidad se alcanzan cifras alarmantes en incapacidad temporal. Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, ha calificado como “enfermedad económica” el gasto necesario para cubrir este riesgo, que según sus cálculos el pasado año superó a nivel nacional los 30.000 millones de euros. En la década de 2014 a 2024, la duración media de los procesos de incapacidad temporal ha pasado de 37,51 a 39,09 días y el número de personas que cada día están de baja ha crecido de 24,27 a 53,18 por cada mil trabajadores.

Francisco José Sáez, responsable del Grupo de Trabajo de Salud Laboral de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) cree que después de la pandemia mucha gente acude al médico a solicitar la baja cada vez que se siente mal física o mentalmente. Además, las mutuas rechazan el reconocimiento de las bajas que son de su competencia, ya sea por accidente de trabajo o por enfermedad profesional, lo que obliga a los servicios de salud a considerarlas como enfermedad común o accidente no laboral y así sobrecargar el sistema. Las bajas más frecuentes son las traumatológicas, las cardiológicas y aquellas con características psiquiátricas y que por el retraso que tienen en su atención, se alarga tanto su número como su duración. Hay otra razón que contribuye a estrechar el cuello de botella administrativo y es que no puede ser que los médicos de familia, tanto del sector público como del privado, sean los únicos que puedan expedir las bajas porque en muchos casos no sabemos si la afección padecida impide desempeñar el trabajo.

Luis Enrique Alonso, catedrático de sociología en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid, considera que el grado de intensidad que ha experimentado el trabajo hoy es una realidad. Los ritmos y las presiones en las empresas se han ido acelerando. La precariedad laboral y el hecho de que mucha gente trabaje con mucha menos seguridad afecta a la salud. También, la pérdida de las relaciones humanas condiciona el buen ambiente de trabajo que tanto efecto positivo tiene sobre la salud.

En un reciente estudio epidemiológico realizado por nosotros, titulado “Incidencia de la enfermedad común y del accidente no laboral, y costes económicos generados por la incapacidad temporal. Canarias (2018-2021)”, en el que se ha incluido la totalidad de la población en alta en la Seguridad Social en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Canarias, población que asciende a una media anual de 805.450 afiliados, y que se acaba de publicar en la revista Medicina y Seguridad del Trabajo, del Instituto de Salud Carlos III, hemos podido constatar efectivamente esta tendencia al alza del número de procesos de I.T. que alcanza la cifra media anual de los 237.586 en el cuatrienio estudiado, dato que sitúa a su tasa de incidencia en el 29,5% (29,5 procesos por cada 100 trabajadores en alta en la S.S. anuales) y, sin embargo, la duración media ha disminuido desde el año 2019 que se situaba entonces en los 52 días hasta el año 2021, año en el que vuelve a aumentar ligeramente a los 33,9 días desde los 32,9 del año 2020.

Hemos observado que las enfermedades más frecuentes que producen incapacidad temporal en Canarias son las traumatológicas (lumbago y ciática), las colitis y gastroenteritis y las infecciones respiratorias agudas. Con la presentación de la pandemia de la Covid-19, la enfermedad por coronavirus Covid-19 comienza aparecer en el año 2020 ocupando la sexta posición entre los 10 primeros diagnósticos, y se coloca en la primera posición en el año 2021. Nos ha llamado la atención el aumento destacado de las enfermedades mentales, aumento que se viene produciendo desde 2018 y ha llevado a que en 2021 la patología denominada estado de ansiedad se haya triplicado.

Siguiendo la teoría del capital humano que sostiene que el salario es equivalente a la productividad del trabajador, hemos podido conocer que los costes derivados de la incapacidad temporal por enfermedad y accidente no laboral en Canarias han oscilado entre los 568 millones de euros en 2018, 663 millones en 2019, 412 millones en 2020 y 589 millones en 2021. La suma total del gasto supera los 2.200 millones de euros en los cuatro años de estudio.

Según la clasificación nacional de ocupaciones (CNO-11), el grupo que ha exigido el mayor gasto en la Comunidad Canaria es el representado por los trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores, en segundo lugar los técnicos y profesionales científicos e intelectuales y en tercer lugar las ocupaciones elementales.

La incapacidad temporal por enfermedad común y accidente no laboral es un riesgo que tiene sus causas en factores personales, ambientales, económicos y sociales. Son causas también los factores derivados del trabajo que no solo pueden producir enfermedades profesionales o accidentes laborales, sino que además pueden originar enfermedades relacionadas con el trabajo, que son aquellas no específicas del ámbito laboral, pero que el trabajo y sus condiciones pueden favorecer su desarrollo o de manera indirecta a través del estilo de vida que exige la profesión del trabajador.

Con nuestro trabajo se confirma que en Canarias las enfermedades osteomusculares, las del aparato respiratorio y los trastornos mentales son productoras de un importante número de casos de incapacidad temporal, por lo que sería recomendable que las empresas pudieran diseñar programas de ergonomía, evaluación y rediseño de los espacios de trabajo, actividad física programada, alimentación saludable en el lugar de trabajo, pausas activas durante la jornada laboral con el fin de reducir el estrés y la fatiga, programas de promoción y formación en higiene y salud general y laboral, atención a los riesgos psicosociales, como el estrés, el mobbing y el síndrome del quemado o burnout, y que estos programas sean, a ser posible, participativos e incentivados al cumplimiento de objetivos, pudiendo ser evaluados posteriormente sus resultados en la incidencia de la incapacidad temporal.