Bermúdez retira el ''decretazo'' de las multas
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha retirado el polémico decreto del 3 de febrero por el que se ordenaba a la Policía Municipal “priorizar” la persecución de las infracciones ciudadanas, y a los funcionarios instructores, imponer las máximas sanciones, lo que fue denunciado por el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) y Alternativa Sí se Puede.
Según el alcalde, “se han producido diversas interpretaciones” de ese decreto, en concreto, de las disposiciones segunda y tercera, por lo que ha dictado un nuevo texto, con fecha del pasado 20 de febrero, con una nueva redacción para ambos artículos.
Si en el “decretazo” se pedía a la Policía Municipal “priorizar” la identificación de conductas“, en la nuevo documento se señala que ”Por la Policía Municipal se actuará con rigor en el ejercicio de sus funciones, en la identificación de las conductas ciudadanas que pudieran incurrir en la comisión de infracciones“.
En cuanto a la disposición tercera, el alcalde recalca que no pretendía dar la instrucción de imponer las máximas sanciones a los instructores, sino que se refería “a los órganos superiores de los servicios municipales”. “En cualquier caso, es evidente la necesidad de preservar tanto la independencia funcional de los instructores de los expedientes sancionadores, como la aplicación del principio de proporcionalidad de las sanciones que hayan de imponerse”, afirma en el nuevo texto.
De esta manera, la redacción de ese artículo cambia radicalmente y ya no se hace mención en el mismo al mal estado de las arcas públicas.
Si en el decreto retirado se ordenaba que “teniendo en cuenta la situación y dificultad económica actual”, las faltas fuesen “graduadas en la máxima valoración posible”, en el nuevo se señala que “las propuestas de infracción deberán ser graduadas” y que “los órganos superiores y de Gobierno competentes para resolver, ajustarán sus resoluciones a las propuestas de los instructores”.
El Sepca entendió que ese principio de proporcionalidad había sido totalmente esquivado en el decreto retirado, lo que constituía una desviación de poder y una vulneración de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por eso presentó recurso de reposición ante el Ayuntamiento, y pidió la suspensión del decreto a la Consejería de Presidencia del Gobierno canario y al Gobierno estatal. El recurso de reposición fue ampliado tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo por la que se confirmaba la anulación de un decreto dictado en 2005 en Madrid por el entonces alcalde, Alberto Ruíz-Gallardón, en el que imponía a los agentes municipales imponer las máximas multas por infracciones de tráfico.
