El Cabildo grancanario pide permitir el alquiler vacacional en las zonas turísticas

El pleno del Cabildo de Gran Canaria ha acordado este lunes instar al Gobierno canario a que el futuro decreto que regulará el alquiler vacacional en la comunidad autónoma permita en esta isla que esa actividad pueda llevarse a cabo en zonas turísticas, algo que su borrador ahora prohíbe.

La moción ha salido adelante con los votos a favor de los nueve consejeros del PP y de Unidos por Gran Canaria, su proponente, y el rechazo del único representante de CC, Fernando Bañolas, porque el resto de los grupos políticos han optado por abstenerse (17 consejeros han preferido no votar ni sí ni no).

La propuesta se ha votado después de un polémico debate en el que el presidente de la corporación, Antonio Morales (NC), valoró la posibilidad de dejarla sobre la mesa, para intentar que los diferentes grupos llegaran a un acuerdo que definiera de forma más amplia la posición del Cabildo.

Ello indignó al portavoz de Unidos por Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, y al consejero del PP y alcalde de San Bartolomé Tirajana, principal municipio turístico de la isla, Marco Aurelio Pérez, que se levantaron de sus asientos y abandonaron la sala, por entender que solo el proponente de la moción puede legalmente retirarla o aceptar que se posponga su debate en aras a buscar el consenso.

“En este tema que no afecta directamente a la acción de gobierno, estoy seguro de que podemos hallar el acuerdo”, argumentó Morales.

“Si una moción puede ser dejada sobre la mesa por otros miembros del pleno que no son proponentes, para qué las presentamos”, se quejó, en cambio, Bravo de Laguna.

La situación llevó a suspender temporalmente el pleno durante diez minutos, hasta que se procedió a la votación, con nueve síes, un no y 17 abstenciones.

Por el PP, Ana Kursón alegó que el decreto que prepara el Gobierno canario para regular el alquiler vacacional veta en la práctica esa actividad en los dos principales municipios turísticos de la isla, como son San Bartolomé de Tirajana y Mogán.

A juicio del grupo popular, si se quiere evitar que esa nueva fórmula de turismo provoque problemas en los alquileres convencionales, donde hay que tomar medidas para regularlo es precisamente en las zonas residenciales, pero no en las áreas que ya está catalogadas como turísticas.

El portavoz del PSOE y vicepresidente del Cabildo, Ángel Víctor Torres, ha alegado que su partido entiende que es más adecuado intentar un “consenso con los sindicatos, partidos políticos, instituciones, profesionales del sector, patronales” y estudiar las “alegaciones propuestas en un periodo que aún no se ha vencido”.

La misma idea mantiene Nueva Canarias, partido que, como ha indicado la consejera de Turismo, Inés Jiménez, cree que esta es una cuestión “que afecta a varios niveles, como la intrusión de la vivienda vacacional y operadores no legítimos que no cumplen convenios laborales y que no tienen gestor”.

Jiménez también ha apuntado que esta actividad está dando pie, en algunos casos, a una “economía sumergida grave” y a la “expulsión de los residentes por los altos alquileres”.

Por Coalición Canaria, Fernando Bañolas ha defendido que el Cabildo no debería “adelantarse” para “encontrar la mejor posición para el interés de Gran Canaria”, que debe ser “distinta de la de las otras islas” y que “no se puede zanjar sin la opinión de los actores afectados, como los ayuntamientos turísticos”.

Por su parte, el portavoz de Podemos, Miguel Montero, han defendido que lo más conveniente es “esperar” a que se resuelvan las alegaciones presentadas al decreto.