El Parlamento canario subió a 10.000 euros los premios de jubilación de sus funcionarios en plena crisis
10.228,11 euros. Ese es el importe mínimo que reciben los funcionarios del Parlamento de Canarias como premio en el momento de jubilarse. Se trata de una retribución que no se llevó al pleno de la Cámara y que se acordó el 29 de mayo de 2015 por la Mesa de la Diputación Permanente entre dos legislaturas, la VIII y la IX. El órgano estaba presidido en esos momentos por Antonio Castro Cordobez, de Coalición Canaria. El incremento de este premio se produjo además en plena crisis económica, cuando aún no se había retribuido a los funcionarios el 20% que se les había recortado de su sueldo en 2013.
En esa mesa se acordó modificar el premio que venía recogido en el Reglamento de mejoras sociales del personal que presta servicios en el Parlamento de Canarias del año 2010 (que establecía la cuantía para estos premios en 6.263,97 euros) y elevarlo en 4.000 euros más. El reconocimiento se concede al “personal del Parlamento que se jubile por cumplimiento de la edad legalmente establecida, anticipadamente o que prolongue la prestación de servicios más allá de la edad legalmente establecida para la jubilación”.
La cuantía actual está fijada en 10.228,11 euros, pero a ello se le añaden 151,52 euros por cada año trabajado en la administración pública y 113,64 euros por cada año prestado en el Parlamento de Canarias. En ese acuerdo también se recoge que este premio “será objeto de revisión anual tomando como referencia la variación del IPC general”. Además, se expresa que el abono se podrá efectuar en varios plazos, hasta un máximo de tres anualidades, de acuerdo con la opción manifestada por el interesado al tiempo de la jubilación.
En el reglamento publicado en 2010, se explica que el objeto de esta prestación es “ofrecer una ayuda económica al personal que se encuentre en la situación de servicio activo en la Cámara en el momento de su jubilación, por la dedicación a la institución a lo largo de sus años de servicio”. Entonces, el importe del premio era mucho más bajo, 6.263,47 euros, y añadía una cuantía variable de 139,19 euros por cada año de servicio en la administración pública, así como 69,59 euros adicionales por cada año de servicio prestado en el Parlamento de Canarias.
No obstante, ese año se incluía una cuantía proporcional a cuatro mensualidades y media, respecto a las retribuciones que correspondían al puesto de trabajo ocupado. Y, por otro lado, para el personal que prolongara la edad legalmente establecida para la jubilación, se contemplaba que podía percibir un premio de jubilación en los mismos términos, además de otra cuantía proporcional a las retribuciones mensuales y a la edad alcanzada al producirse el cese: entre los 65 y 66 años, correspondía dos mensualidades de este importe; entre los 66 y 67 años, una mensualidad; entre 67 y 68 años media mensualidad y a los mayores de 68 no les correspondía ninguna.
Un premio vigente en 2001
Sin embargo, este reglamento sobre mejoras sociales para el personal, del año 2010, a su vez se había modificado en otras dos ocasiones, en 2009 y 2008, aunque en el apartado referente a los premios de jubilación no se alteró hasta 2015, cuando la Mesa de la Diputación Permanente decidió elevar la cuantía. Dicho documento fue modificado por última vez en enero de este mismo año para incorporar otras mejoras. No obstante, el premio se estableció por primera vez en el reglamento de 2001, donde se estableció la cuantía de 900.000 pesetas, es decir, 5.400 euros.
Se da la coincidencia de que este incremento en el importe de los premios a la jubilación se aprobó sin llevarse a pleno y solo dos años después de que el Gobierno de Canarias llevara a cabo un drástico recorte en el salario de una parte importante de la plantilla del personal. Una reducción del 20% del sueldo que posteriormente tumbó la Justicia y que fue devuelto en mayo de 2017.
Actualmente, el Parlamento de Canarias cuenta con 87 funcionarios, entre interinos y funcionarios de carrera. También trabajan para la Cámara siete personas que forman parte del personal laboral, que no son funcionarios, aunque se benefician de las mismas condiciones laborales, entre ellas, de estos premios a la jubilación. Sin embargo, desde la Cámara Regional aún no han confirmado cuál es el número de personas que se han beneficiado de estas distinciones desde que entraran en vigor.
Los premios a la jubilación también se otorgan en otros parlamentos autonómicos, aunque las distinciones varían y van desde diplomas hasta sueldos de un año, según una investigación de eldiario.es. La Asamblea de Madrid, por ejemplo, ha abonado durante 30 años una prestación económica por jubilación a sus funcionarios de 46.500 euros. En total, ha gastado al menos un millón de euros en este concepto en tres décadas.
En Andalucía se conceden 36.000 euros, mientras que en Catalunya se otorga un sueldo de un año a estos funcionarios y en Cantabria cuatro mensualidades. En Baleares, el premio es similar al de Canarias, mientras que en la Comunidad Valenciana se concede un seguro de jubilación y en Castilla La Mancha y Castilla y León otorgan diplomas. Por su parte, Las Cortes de Aragón, el Parlamento de Navarra, el de Galicia, la Asamblea de Extremadura y la de Murcia, no conceden ningún tipo de premio.
