De diplomas a sueldos de un año: los premios por jubilación de los funcionarios de los parlamentos

Premiar a los funcionarios de los Parlamentos regionales no es una excepción de Madrid. Hay tantas distinciones como casi número de comunidades autónomas. En algunas, los trabajadores públicos reciben gestos simbólicos como la entrega de un diploma o una medalla; en otras, sin embargo, ese reconocimiento va acompañado de premios en metálico de cuantías muy elevadas. 46.500 euros en Madrid, 36.000 en Andalucía, un año de sueldo bruto en Catalunya...

Esos privilegios no los tienen todos los funcionarios. Las situaciones son muy desiguales en función del parlamento regional. Los empleados públicos de las cámaras legislativas de Extremadura, Galicia, Murcia y Aragón se retiran sin bonificaciones ni diplomas. Entre los que sí tienen premios, la acumulación de jubilaciones ha obligado a eliminarlos progresivamente, como ha ocurrido esta semana en la Asamblea de Madrid. Analizamos cuál es el escenario en cada comunidad autónoma.

Premios en metálico

Cinco de 17 parlamentos regionales, casi un tercio, reparten premios en metálico entre sus funcionarios jubilados. Solo en dos, Madrid y Andalucía, esas cuantías son fijas y no dependen ni de los años de servicio ni del puesto. Aquí los montantes ascienden a 46.500 y 36.000 euros respectivamente. El Parlament de Catalunya tampoco se queda atrás con las bonificaciones y entrega a cada trabajador público retirado un año entero de salario bruto extra. Cantabria, un premio equivalente a cuatro mensualidades de sueldo.

En Canarias y Baleares utilizan otra fórmula que suma una cuantía fija, igual para todos, y una variable en función de la experiencia en la casa. En el primer caso, el montante invariable pasó de 6.200 a 10.200 en 2015. La decisión ni siquiera la tomó la Mesa. Se eligió para disparar la cuantía un momento inmediatamente posterior a las elecciones autonómicas y municipales en el que aún no había gobierno. Solo dos años antes el Gobierno había recortado el salario de todos los funcionarios. Los trabajadores públicos del Parlament Balear están aún en mejor situación con un fijo de 15.000 euros y 300 por cada año trabajado. Un funcionario con tres décadas de experiencia recibiría, por ejemplo, 24.000 euros extra.

¿Dónde está el origen de estos premios? ¿Por qué es más común que se den en los parlamentos y, sin embargo, no se reproduzcan para maestros o médicas, que también son funcionarios públicos?

Para Comisiones Obreras, la explicación tiene que ver, en parte, con la “falta de movilidad” de estos trabajadores, “circunscritos a una institución particular, con normativas y acuerdos propios”. “Todos los parlamentos nacieron en los años 80 y esto es fruto de las negociaciones colectivas a lo largo de los años. Lo que era muy común en la empresa privada se trasladó aquí”, explica Raúl Olmos, secretario de acción sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía.

Aunque los premios se han extendido en estas casas, en algunas, como es el caso de Madrid, una gestión no planificada ha derivado en un problema presupuestario que ha obligado a su retirada poco a poco, según Olmos. “Si no utilizas los instrumentos adecuados, se genera un problema. Las administraciones públicas no están obligadas a exteriorizar estos premios, es decir, a ir presupuestando dentro de los balances la parte proporcional año a año”, afirma.

Esto supone que, cuando la gente se jubila, las arcas públicas tienen que asumir un desembolso para el que pueden no estar preparadas porque no se ha ido provisionando. También, dice Olmos, tiene una ventaja: “no se cobra hasta que llega la jubilación, de manera que si el trabajador cursa baja antes, es como si el derecho no existiera. Es una expectativa de derecho, en realidad”.

Una segunda variante de estos premios es pagarlos a través de un seguro de vida o jubilación. La Asamblea de Madrid da esta opción y también la Comunitat Valenciana, que solo permite el desembolso por esta vía. “Todas estas compensaciones se originan por la imitación de la empresa privada, donde ya se daban y era una manera de premiar la permanencia en la casa”, añaden fuentes de UGT.

Placas, diplomas y medallas

Las Cortes de Castilla-La Mancha y Castilla y León no cuentan con retribuciones extra para los funcionarios jubilados, pero otorgan diplomas, placas y medallas. En el primer caso ni siquiera a todos los trabajadores públicos de la institución,; en el segundo, sí. Se trata de una placa “de material plateado”.

Ni premio simbólico ni económico

Ni medalla ni dinero. Los funcionarios de cinco parlamentos regionales no reúnen los privilegios que sí tienen sus homólogos de otras comunidades. Ocurre en las Cortes de Aragón, el Parlamento de Navarra, el Parlamento de Galicia, la Asamblea de Extremadura y la de Murcia.

Jubilaciones anticipadas incentivadas

Cuatro parlamentos autonómicos cuentan con otro tipo de premios, esta vez para los funcionarios que se jubilan antes de tiempo. El de Baleares y el de Catalunya mantienen retribuciones a todos, sea cuando sea el momento de retirada; y La Rioja y Asturias las incorporan solo para jubilaciones anticipadas, bonificadas con hasta 4.000 y 8.000 euros, respectivamente. “Estos eran los premios más comunes porque compensa al trabajador y a la institución, ya que son personas que cobrarán menos pensión y que serían muy caros por la acumulación de trienios”, apunta Raúl Olmos, de CCOO.

Este reportaje se ha elaborado con información de: Daniel Cela, Arturo Puente, Laura Cornejo, Eduardo Azumendi, Jennifer Jiménez, Angy Galvín, David Lombao, Elisa Reche, Francisca Bravo, Adolf Beltrán, Miguel M. Ariztegui y José López Aroca.