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Podemos propone una Audiencia de Cuentas "unipersonal" que luche contra la corrupción

La formación morada sugiere cambiar la Ley de 1989 para "suprimir cinco altos cargos, cuatro auditores y un secretario general"

La modificación incluye que deberán ser objeto de fiscalización "las personas física o jurídicas adjudicatarias de contratos públicos", así como las "formaciones políticas y las fundaciones, entidades"

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La diputada canaria de Podemos Noemí Santana durante un pleno del Parlamento canario

La diputada canaria de Podemos Noemí Santana durante un pleno del Parlamento canario Flickr Parlamento de Canarias

El Grupo Parlamentario de Podemos ha registrado este lunes una proposición legislativa para modificar la Ley de la Audiencia de Cuentas de 1989 con el fin de convertir esta institución dependiente de la Cámara regional en "un órgano unipersonal bajo la dirección de un presidente-auditor, con un mandato de cinco años de duración prorrogable una única vez, controlado por la Comisión de Presupuestos y Hacienda".

De esta manera, y según consta en el texto de la iniciativa, "se suprimen cinco altos cargos, cuatro auditores y un secretario general cuyas economías irán dirigidas al refuerzo de los equipos técnicos", ya que las materias de personal y régimen interior pasarán a gestionarse desde el propio Parlamento.

Tras tres décadas de funcionamiento de la Audiencia de Cuentas, y en pleno proceso de elección de su nuevo presidente por parte de la Cámara regional, la formación morada quiere proceder a una modificación que, además, convierta a este órgano auditor en un instrumento "de prevención de la corrupción".

Reducir el fraude, aumentar la transparencia

Para ello, en el texto se propone que la Audiencia de Cuentas evalúe "de manera sistemática" las "actividades con mayor riesgo", proporcionando "mejoras que reduzcan las oportunidades de fraude y aumenten la transparencia en la toma de decisiones".

Asimismo, la Ley de Podemos conmina a la Audiencia a "asesorar" tanto a la Cámara regional  como a las instituciones, organismos y entes públicos fiscalizados "sobre posibles instrumentos normativos o reglamentarios para la prevención y persecución de prácticas irregulares".

Por ello, también deberán ser objeto de fiscalización "las personas física o jurídicas adjudicatarias de contratos públicos", así como las "formaciones políticas y las fundaciones, entidades y personas físicas y jurídicas vinculadas a las mismas".

Por último, la propuesta pretende que además de fiscalizar las ejecuciones presupuestarias, la Audiencia analice "las   desviaciones   que   se   hayan   podido producir y las causas que las originaron", incluyendo la auditoría de "recursos de titularidad de otras administraciones públicas que, mediante ley, convenio, delegación de competencias o encomienda de gestión, sean atribuidas a la Comunidad Autónoma de Canarias".

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