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Treinta años con una gasa dentro del cuerpo

Imagen de archivo de una operación

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —

“Aquello me daba vueltas dentro, era como si tuviera una criatura, igualito. Una tortura”. Aurora (nombre ficticio para preservar su identidad) parece tener una palabra proscrita en su vocabulario. La omite de forma deliberada cada vez que se refiere al acontecimiento que ha marcado las últimas tres décadas de su vida y la sustituye por un pronombre demostrativo (eso o aquello) para distanciarse del sufrimiento al que la asocia, para alejar el recuerdo doloroso. Paradójicamente, esa palabra da nombre a un objeto que tiene como función principal cubrir y proteger heridas, que se vincula con la curación, con lo que no daña, el sentido contrario que le confiere Aurora.

Y es que esta vecina de la isla de Fuerteventura, que ya ha cumplido los 71 años, vivió durante más de 30 con un cuerpo extraño dentro de su vientre, con una gasa quirúrgica que el equipo médico que le practicó una cesárea el 1 de septiembre de 1987 en el Hospital General de la isla dejó olvidada en su interior y que no fue descubierta y extraída hasta mayo de 2018. Asistida por el abogado Yeray Álamo, Aurora reclama ahora una indemnización de 143.000 euros al Servicio Canario de Salud (SCS), el organismo que asumió las competencias del extinto Instituto Nacional de Salud (Insalud), por los daños físicos y morales ocasionados por esa “deficiente asistencia”.

“Ojalá que no tuviera que coger dinero, que me devolvieran la salud, la vida que me destrozaron con 39 años”, dice Aurora después de relatar sus padecimientos y la incertidumbre por desconocer durante todos esos años el origen de sus continuas molestias estomacales y los sangrados que, en sus propias palabras, la fatigaban y asfixiaban hasta dejarla incapacitada para la realización de las tareas más cotidianas, incluso para caminar. “No había medicamento de la farmacia que no usara”, recuerda.

Según recoge la reclamación presentada ante el SCS, Aurora acudía con frecuencia al centro de salud y al hospital, donde en un principio atribuían las molestias a las propias de una intervención quirúrgica de esas características. Sin embargo, dado que el tiempo transcurría y los dolores y los sangrados, lejos de mitigarse, se intensificaban, la afectada solicitó pruebas para tratar de averiguar el origen y la posible solución médica. Unas ecografías desvelaron en 2003 y 2004 la existencia de un cuerpo extraño de aproximadamente 3 centímetros en la cavidad abdominal. Los facultativos que la atendieron llegaron incluso a barajar la posibilidad de que se tratara de un tumor gastrointestinal, sospecha con la que tuvo que convivir durante un tiempo Aurora, lo que contribuyó a aumentar su sufrimiento, enfatiza.

La solución no llegaría hasta 2018. Entre medias, la misma pregunta y ninguna respuesta. “Nadie me decía nada, me devolvían (desde el hospital) a casa y así pasaba el tiempo, de arriba para abajo, sintiéndome mal”, rememora. En abril del año pasado, otra ecografía detectó un incremento considerable del tamaño del cuerpo, por lo que se decidió intervenir quirúrgicamente. Las pruebas forenses practicadas a la muestra extraída tras esta operación confirmaron que se trataba de una gasa quirúrgica que, con toda probabilidad, había quedado olvidada en el interior del cuerpo en la cesárea de 1987 en el Hospital de Fuerteventura.

“El cirujano no se lo podía creer, me preguntó cómo había estado 30 años aguantando eso, me dijo que si hubiera tardado unos días más en operarme no hubiera escapado, que estaba a punto de llegar al hueso”, explica Aurora. “¿Dónde tendría yo los ojos para no ver nada?”, se lamenta. La reclamación patrimonial viene acompañada de los partes de intervención quirúrgica y pruebas forenses del servicio de Anatomía Patológica del Hospital de Fuerteventura que acreditan la extracción de esa gasa, que había aumentado “de los 3 a los 11 centímetros” y que pesaba “900 gramos”, además de dos informes periciales elaborados por expertos en valoración del daño corporal.

Aurora reclama a la administración autonómica cerca de 143.000 euros, de los cuales aproximadamente 13.000 los justifica por las secuelas físicas y psicofísicas provocadas por la intervención para extraer la gasa, entre ellas las que afectaron a su sistema digestivo (adherencias peritoneales), además del periodo de hospitalización (cuatro días ingresada) o el “perjuicio personal de carácter moderado” que cifra en 80 días.

Sin embargo, el montante más elevado de la indemnización corresponde a los daños morales y a la “merma significativa de la calidad de vida” de Aurora. En concreto, solicita 130.000 euros de la administración por haber tenido que “soportar durante 30 años un cuadro clínico crónico de molestias abdominales difusas, sensación de cuerpo extraño, molestias digestivas…” A estas dolencias se le suma el “sufrimiento psíquico” padecido por el “diagnóstico inicial de tumor gastrointestinal”.

El abogado de Aurora solicita en su escrito que se reconozca el mal funcionamiento público de asistencia sanitaria y se indemnice a su representada con esa cantidad. Si bien es cierto que en 1987, año en el que se produjeron los hechos, las competencias sanitarias recaían en el Estado, en el extinto INSALUD, el letrado sostiene que el SCS debe asumir las responsabilidades, no solo porque le fueron transferidas en 2002, sino también porque a lo largo de este periodo los profesionales que la atendieron no asociaron las molestias y los sangrados de la afectada a sus antecedentes, a la cesárea de 1987, ni le practicaron estudios más avanzados de diagnóstico por imagen.

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