Anuncio de fusiones en los organismos públicos

Además de las modificaciones tributarias, el anteproyecto de Ley aprobado este sábado por el Consejo de Gobierno de Canaria aborda cambios en la estructura de la Comunidad Autónoma con la supresión de dos agencias (con rango de dirección general) y la concentración de los tres organimos públicos dedicados a la formación de empleados públicos en uno (Instituto Canario de Administración Pública, Agencia Canaria de Seguridad y Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias).

Esto supone la eliminación de cuatro centros directivos, con rango de dirección general de la estructura de la Comunidad Autónoma. Además, se extinguen nueve órganos de consulta y gestión, creados por diferentes normas de rango legal, “todo ello en aras de aplicar mecanismos más eficientes en la gestión pública”.

El capítulo de gastos de personal representa en el presupuesto de 2012 el 37,8% del presupuesto, por lo que, “ante la proporción del ajuste que es necesario realizar para adaptar la cuentas autonómicas al marco presupuestario definido por el Gobierno de España”, el Ejecutivo canario prevé una serie de modificaciones en las condiciones laborales de los empleados públicos.

De forma genérica, se aplica a los casi 62.000 empleados públicos un recorte en sus retribuciones anuales del 5%. Con esta reducción salarial, la Comunidad Autónoma ahorra 130 millones de euros.

El Gobierno, en el anteproyecto de ley, se hace eco de lo expresado por cabildos y ayuntamientos para la traslación de este mismo recorte a los empleados públicos de todas las administraciones locales. De igual modo, prevé la aplicación de esta reducción a los docentes de las universidades canarias y a los profesores de la enseñanza concertada. Estas reducciones no se aplicarán al personal que cobre menos de 13.469,4 euros al año, cantidad que equivale al 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional.

Tope para las retribuciones

Otras materias como la cuantía del complemento específico singular de la policía autonómica y el personal informático o la extinción del 13% de las plazas de personal eventual (14 puestos), también son objeto de regulación en este texto.

La norma también introduce el establecimiento de topes para las retribuciones del personal en las empresas y fundaciones públicas, con el fin de dar rango de ley y carácter permanente a tales limitaciones.

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