Arcadio Díaz Tejera cuestiona la calidad democrática de la política que en materia de justicia desarrolla el Gobierno

El portavoz socialista en Justicia y senador por Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera, interpelará al Gobierno en la sesión plenaria de la Cámara Alta y cuestionará la calidad democrática de la política que en materia de justicia desarrolla el Gobierno.

Díaz Tejera ha explicado que la Constitución busca garantizar la independencia de los jueces y que ese pilar, inherente a todo Estado de Derecho, es el que está hoy en cuestión. “Así lo vemos en la generalización de las costas, el aumento de las cuantías y el desarrollo de una política de tasas, en materia de Justicia, dirigida a consagrar la tutela desigual de los derechos de la ciudadanía, a limitar el ejercicio de estos derechos y a constreñir la independencia de los jueces y de sus órganos de gobierno”.

A su juicio, el desorbitado incremento de las tasas judiciales manifiesta el evidente objetivo de disminuir el número de litigios y de ciudadanos que acceden a la justicia. Además, el criterio para lograr dicha disminución ha sido estrictamente económico: encarecer el acceso a los tribunales para disuadir del ejercicio de sus derechos a aquellos a los que su situación económica no se lo permita. “Se consagra así una auténtica justicia de clases”, ha apostillado.

Por el contrario, el parlamentario del PSOE ha reconocido que los ingresos que han supuesto las tasas judiciales no han supuesto un fortalecimiento de la Administración de Justicia.

Díaz Tejera ha destacado que los recortes en los servicios públicos y las intensas limitaciones de los derechos sociales practicados por el Gobierno tienen su clave de cierre en las restricciones a las libertades y derechos fundamentales. Dificultar las posibilidades de acceso de los ciudadanos a los tribunales contribuye a disminuir las posibilidades de tutela en estos momentos difíciles y a afianzar las políticas antisociales de este Gobierno.

El socialista ha advertido de que por esta senda parece caminar el ya numerosamente parcheado anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana centrado en castigar con sanciones económicas desproporcionadas las más diversas conductas que se puedan producir en el ámbito del ejercicio del derecho a la manifestación.

El senador canario ha asegurado que el mayor exponente de esta dinámica liberticida del Gobierno del Partido Popular es el proyecto de modificación del Código Penal que está siendo objeto de tramitación parlamentaria y que supone una clara apuesta por castigar con severidad injustificada conductas muy relacionadas con el derecho de manifestación y la libertad de expresión.

“Interior y Justicia comparten una idea de la seguridad ciudadana que cierra todas las opciones de protesta social, connotándolas y estigmatizándolas en sus previstas nuevas leyes de violentas y peligrosas. Legislándose así a golpe de titular periodístico para buscar el aplauso de la base social más reaccionaria del Partido Popular”, ha ratificado.

El político se lamentó porque la reforma del Consejo General del Poder Judicial busca “una justicia débil, mal dotada y con menores niveles de independencia”. Al limitar sus competencias y modificar el sistema de elección y el estatus de sus integrantes lo que se busca, desde el punto de vista del socialista canario es “afianzar el peso gubernamental en la organización y gestión de la justicia y conseguir una mayor intervención del Ejecutivo en los espacios reservados al Poder Judicial, lo que redundará en una menor independencia de jueces y tribunales”.

Por último ha señalado que nuestro Estado Social y Democrático de Derecho se encuentra en una situación de alarmante crisis y de futuro incierto y la justicia y el derecho a su tutela efectiva, como uno de sus pilares fundamentales, no son ajenos a esta realidad. “Realidad afianzada, ha matizado, con la sepultura casi definitiva de la jurisdicción universal de nuestros tribunales, llevada a cabo por este Gobierno y que supone un evidente paso atrás en la lucha contra la impunidad en los crímenes de derecho internacional y en las posibilidades de actuación judicial de nuestro país en defensa de los derechos humanos”, concluyó.