La Audiencia deniega a Dimas Martín un plazo adicional para ingresar en prisión
La Audiencia Provincial de Las Palmas denegó al político lanzaroteño Dimas Martín un plazo adicional de quince días para ingresar en prisión para cumplir condena por malversación y otros delitos, informó este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Arrecife de Lanzarote notificó este jueves a Martín el requerimiento para que ingrese voluntariamente, en el plazo de quince días, en la cárcel de Tahiche.
Dimas Martín, ex presidente del Cabildo y líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), manifestó su voluntad de ingresar voluntariamente en el centro penitenciario, si bien solicitó un plazo adicional de 15 días más “por motivos personales”, lo que le denegó la Audiencia. Durante la notificación de su ingreso en prisión, Martín fue requerido para que pague las multas e indemnizaciones a las que fue condenado, al tiempo que “se le ha hecho saber la pena de inhabilitación absoluta por quince años”, según el TSJC.
El ingreso en prisión de Dimás Martín se produce después de que el Tribunal Supremo (TS) rechazase aclarar su sentencia de mayo por la que desestimaba los recursos interpuestos por el acusado y por la acusación particular contra la condena que le impuso el 23 de diciembre de 2004 la Audiencia de Las Palmas por delitos de malversación, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. La Audiencia de Las Palmas condenó a Dimas Martín, ex presidente del Cabildo de Lanzarote, a seis años y a inhabilitación absoluta por un tiempo de 15 años como consecuencia de un delito de malversación de caudales públicos, mientras que fue absuelto de defraudación del impuesto de sociedades, falsificación de documentos mercantiles y estafa.
El tribunal le condenó también por fraude a la Hacienda Pública a un año de prisión y a pagar una multa de 2,4 millones de euros y a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por tres años. Asimismo, fue condenado a otro año de prisión y a abonar otra multa de cerca de un millón de euros por el delito cometido contra la Seguridad Social, por el que además también perdía por otros tres años la posibilidad de gozar de subvenciones o ayudas públicas y el derecho a disfrutar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
La Audiencia consideró probado que el acusado se apropió de 2,3 millones de euros del Complejo Agroindustrial, del que fue su responsable como presidente entre 1991 y 1994.
