El Ayuntamiento de Arona, condenado a pagar cerca de dos millones de euros
El Ayuntamiento de Arona ha sido condenado a pagar 1.470.852,79 euros, a los que se deben añadir 396.666 euros, más IGIC, más intereses, por haber ocupado en seis años, sin abonar un céntimo, unos locales de la Compañía Popular Canarias, una empresa inmobiliaria afincada en esa localidad del sur de Tenerife.
La sentencia, que fue dictada por el magistrado del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 Jorge Riestra Sierra, recoge que esa empresa inmobiliaria suscribió el 22 de septiembre de 2003 un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Arona, cuyo alcalde ya era Alberto González Reverón (CC), por el que le cedía 1.180,73 metros cuadrados de locales aptos para oficinas en el edificio de Los Cristianos Zentral Center, completamente finalizados.
A cambio de esa cesión, que incluía una donación futura, se debían recalificar en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Arona dos parcelas de la Compañía Popular Canarias para que pasaran de suelo urbano a residencial y poder construir 46 viviendas en una y 100 en otra.
El convenio, en una addenda añadida en diciembre de 2003, incluía que quedaría sin efecto en caso de que no se aprobase la modificación de usos de suelo pactada en la revisión del PGOU, o pasados cuatro años sin haberlo logrado. Si esto era así, como ha sido, el Ayuntamiento debería pagar por el uso de los locales 238.000,79 euros anuales, a los que añadir gastos de luz, agua, telefonía, mantenimiento e IGIC.
De acuerdo con los fundamentos de la sentencia, el acuerdo base de ese convenio no se pudo cumplir, porque recalificar las parcelas de Compañía Popular Canarias era ilegal y chocaba de lleno con el Plan Insular de Ordenación Territorial de Tenerife (PIOT).
No es un convenio, pero sí un contrato
Así, incumplido el acuerdo, la propietaria de los locales los ha reclamado, al igual que la deuda por su ocupación. En esos locales hubo entre agosto de 2005 y diciembre de 2006, y de febrero a abril de 2008, unas oficinas de la Asociación Hotelera y Extrahotelera Ashotel, y desde febrero de 2005 hasta la actualidad, la sede en Arona de la Universidad de Educación a Distancia UNED.
En su defensa, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Arona alegaron que no hay convenio urbano alguno con la Compañía Popular Canarias, ya que ese convenio no ha sido sometido a información pública, ni se ha ratificado la propuesta por el Consejo de Gobierno, lo que el magistrado admite, así como la ilegalidad de recalificar las parcelas, cuestión que no le compete, pero sí las consecuencias del “acuerdo”.
La primera es que, en efecto, el “negocio jurídico sustraído no es un convenio urbanístico, como sostiene la defensa del Ayuntamiento, pero sí es una propuesta de convenio urbanístico, con unos pactos previos”. La segunda, es que esos pactos previos, como la cesión de uso de los locales con posibilidad de adquirirlos gratis a cambio de permitir urbanizar las dos parcelas, supone un “contrato de cesión”, que el magistrado da por restringido con su fallo.
En consecuencia, el Ayuntamiento ha sido condenado al abono de rentas por importe de 1.470.852,29 euros, correspondientes al periodo desde enero de 2004 hasta septiembre de 2009, y al pago de las cantidades que se devenguen con posterioridad hasta la fecha de desalojo efectivo por el Ayuntamiento o terceros que traigan causa del mismo, y a los intereses hasta el pago completo del principal“.
Así, al cerca de millón y medio de euros hay que añadir otros 238.000,79 euros por la anualidad de octubre de 2009 a septiembre de 2010, más ocho meses, lo que hace un total de 396.666 euros, a los que se deben añadir intereses e IPC.
La sentencia ha sido dada a conocer por la periodista Blanca Salazar en su blog Blancahari.com
