Bloqueado el caso Yate en los juzgados de Arrecife porque falta un escáner
Desde febrero de 2013, cuando la Fiscalía entregó su calificación de los hechos, por los que se piden 25 años de cárcel para el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el caso Yate no se ha movido. El Juzgado de primera instancia número 2 de Arrecife reclama un escáner desde hace más de un año para entregar la causa digitalizada a las partes y que puedan hacer su escrito de defensa.
En septiembre del año pasado, la juez Ana Manella decía que no era posible hacer uso del escáner especial que tiene el Juzgado número 5 porque la memoria está completa. En ese escáner está el sumario del caso Unión. La juez había pedido a la Dirección General de Relaciones con la Justicia del Gobierno de Canarias un escáner igual que ese el verano pasado de forma urgente.
A principios de este año, lo que envió esa Dirección General fue un disco duro para conectarlo al escáner del Juzgado número 5, pero hace falta un técnico cualificado para ello, así que se solicitó un técnico informático al Gobierno. El Jefe de servicio de contratación y equipamiento le contesta a la secretaría del Juzgado que no disponen «de un servicio técnico que asuma dicha función», así que la juez, reconociendo que el procedimiento está paralizado por ese motivo, pide de nuevo y con carácter urgente otra vez, un escáner.
La Fiscalía solicitó el mes pasado, otra vez más, un impulso procesal. El retraso acabará afectando a la reducción de las posibles condenas por dilaciones indebidas. Dado el resultado de las gestiones ante al Administración, la Fiscalía ya ahora pide que se entregue el sumario, o las partes que quedan por entregar, en papel. En un escrito, señala el fiscal, que «no encontrándose impedimento alguno para que las partes puedan fotocopiar lo que no esté escaneado en dicho Juzgado, que no es mucho en proporción al volumen de la causa y como siempre se ha hecho, de forma que pueda tramitarse el recurso de apelación interpuesto contra el auto de incoación del procedimiento abreviado y pueda procederse a apertura de juicio oral y se formulen los escritos de denuncia que fueran menester».
La denuncia que originó este caso la interpuso el entonces secretario insular del PSOE, Carlos Espino, en 2006, por la concesión de licencias irregulares para construir hoteles en Yaiza y en Teguise. Tras una larga instrucción en la que estuvieron imputados un buen número de empresarios, acusados de entregar dinero a cambio de recibir las licencias, la causa se archivó para estos empresarios.
La Fiscalía pide finalmente condenas para 12 personas: 25 años para Reyes por diversos delitos relacionados con la concesión de licencias ilegales, cinco años para su mujer y tres de sus hijos por blanqueo de capitales, seis años para el secretario municipal Vicente Bartolomé Fuentes por prevaricación y malversación, y penas de prisión también para dos técnicos más, Antonio Lorenzo y Alfredo Morales , así como cuatro años y medio para los asesores fiscales Rafael y Benito Mesa Ferra por ayudar, supuestamente, a blanquear el dinero; y otros tres años más para Simeón Camacho y Marcelo Machín por blanqueo.
El Ministerio fiscal considera que el ex alcalde de Yaiza, que estuvo en prisión provisional por este caso, aumentó su patrimonio “como consecuencia directa de su delictiva política municipal instaurada en el delictivo otorgamiento de licencias urbanísticas”, y que para ocultar el dinero se valió de distintos procedimientos como testaferros, amortización de préstamos y pagos en efectivo, inversiones inmobiliarias, una multiplicidad de cuentas corrientes instrumentales, así como la creación de sociedades interpuestas a modo de empresas pantalla.
En cuanto a su actuación administrativa a la hora de dar licencias, Reyes “prescindió de un trámite absolutamente esencial del procedimiento, dirigido a hacer valer y velar por el cumplimiento de los intereses insulares que legalmente tutela el Cabildo Insular de Lanzarote”, como la falta de informes jurídicos y la autorización turística de la que dependía la validez de la autorización municipal.
