El Cabildo de Gran Canaria implanta un protocolo de prevención del maltrato machista entre sus trabajadores
El Cabildo de Gran Canaria implantará en su organización un protocolo que le ayudará a detectar y abordar situaciones de violencia machista que se puedan producir tanto dentro de su plantilla, como en el entorno social de sus trabajadores.
El protocolo ha sido rubricado este martes por el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y sus consejeras de Recursos Humanos e Igualdad, María Isabel Santana y María Nebot, y cuenta con medidas para poder responder en un plazo que no exceda a las 48 horas.
En ese documento, el Cabildo insular se compromete a “prevenir la violencia de género en el seno de la organización y en su entorno social”, estableciendo con garantías “el principio de tolerancia cero con respecto a la violencia contra las mujeres”.
Uno de los principios que inspira este protocolo es “la voluntad de despertar y cambiar conciencias y liderar un cambio cultural y de comportamiento” en esta materia, “no tolerando ningún comportamiento” de violencia machista, con el fin de erradicar “esta forma de vulneración de los derechos humanos”.
El Cabildo afronta además la tarea de difundir en su plantilla este protocolo contra los malos tratos a la mujer como una acción de “responsabilidad social corporativa”, para “sensibilizar y formar” a sus empleados y para “garantizar la protección de la dignidad”.
El presidente de la corporación, Antonio Morales, ha defendido este martes que este texto es “consecuente” con la lucha contra violencia machista y con la aplicación en su ámbito de responsabilidad de los objetivos en los que cree una institución cuya plantilla está conformada en un 50 % por mujeres.
Morales ha recordado que “este año han muerto 46 mujeres y cinco niños por terrorismo machista en España”, lo que refleja “la necesidad de un cambio político, educativo y de ejecución de medidas directas que contribuyan a poner freno a esta lacra social”.
Para el presidente, “el Cabildo debe predicar con el ejemplo” con la firma de un convenio “con un mensaje único y contundente de rechazo a la violencia de género”, con una declaración “desde la acción pública firme y decidida por primera vez en este país”.
Por su parte, la consejera de Recursos Humanos, María Isabel Santana, ha detallado que este protocolo tiene como fin “garantizar los derechos laborales de las mujeres víctimas de violencia de genero en el trabajo” para un “entorno laboral sin violencia”.
Tal y como ha desglosado, el anexo IV contempla “una guía de actuación para empleadas públicas víctimas de violencia de género” que incluye preceptos como “los pasos en la comunicación de la situación, la acreditación, la protección de la intimidad” y otros derechos como “la reducción de jornada con disminución proporcional de la retribución/salario, la reordenación del tiempo de trabajo, flexibilidad horaria, el régimen jurídico para las vacaciones, la movilidad o traslado dentro y fuera de la administración” para que “cualquier mujer tenga claro qué derechos tiene y qué hacer para acceder a ellos”.
Además, la consejera de Igualdad, María Nebot, ha indicado que “este documento es un paso adelante” para acabar con la violencia machista, que “permite avanzar en políticas de igualdad como una herramienta que agiliza la respuesta de la administración”.
A su juicio, se trata de “un recurso para frenar y prevenir la violencia machista” y una manera de afianzar el mensaje a las mujeres víctimas de esta situación “de que no están solas ni desamparadas ya que la administración camina hacia un modelo más igualitario y libre de violencia”.
Nebot ha argumentado que, aunque existe una ley que “ampara a todos los ciudadanos”, esta no marca un procedimiento específico, por lo que el protocolo que se va a implantar en el Cabildo “evita problemas derivados de la violencia de género, como el miedo a la venganza o la ausencia de anonimato”.
