Canarias solicita la ejecución de la sentencia del Supremo que anula las prospecciones
El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha desvelado tras la reunión del Consejo que este jueves los Servicios Jurídicos del Ejecutivo solicitaron la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo del año 2004 referidas a las autorizaciones del año 2001 para realizar prospecciones en aguas cercanas a Fuerteventura y Lanzarote.
Por tanto, el Gobierno pretende que “se considere nulo el Real Decreto” del pasado 16 de marzo por el que el ministro de Industria, José Manuel Soria, reactivó la búsqueda de petróleo y gas en aguas cercanas a Canarias.
Con independencia de esa acción, Marrero ha insistido en que, como afirmó el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, “se actuará en todos los frentes que permite la legalidad vigente”, por lo que el resto de actuaciones iniciadas por el gabinete canario seguirán adelante. “No vamos a evitar ningún frente”, ha dicho.
Como se recordará, el pasado 22 de marzo, el Gobierno acordó instar la medida cautelar de suspensión de los efectos del referido Real Decreto por entender que se utiliza de forma inadecuada el mecanismo de la convalidación, ya que el mencionado artículo 67 lo refiere “únicamente a los actos 'anulables' y no a los actos anulados”, tal y como es el caso, pues ya existe un pronunciamiento judicial que anula ese Real Decreto 1462/2001.
Además, el Ejecutivo de Canarias considera que los documentos aportados de subsanación “evidencian el escaso interés que a la prevención de daños medioambientales en las costas canarias dispensa el que fue titular de aquellos permisos, al no analizar en los mismos las especialidades propias del fondo marino de las costas de Canarias”.
Por otro lado, el Gobierno de Canarias entiende que “se hacen revivir en el tiempo permisos que ya habrían caducado al haber transcurrido sobradamente los plazos máximos establecidos para la realización de las actividades autorizadas”.
El Consejo de Gobierno de Canarias, entre otras cuestiones, también consideró que el Consejo de Ministros, “bajo el pretendido amparo de un acto de convalidación”, en realidad está otorgando una nueva autorización “eludiendo el procedimiento legalmente establecido de adjudicación, al impedir la presentación de ofertas en competencia”.
