Canarias lleva el reparto del déficit al Supremo
El Gobierno de Canarias ha acordado este jueves presentar ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra los acuerdos del Consejo de Ministros que fijaron los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el periodo 2013-2016.
El Ejecutivo canario considera que el reparto del déficit entre el Estado y las comunidades autónomas, por un lado, y los techos fijados para cada una de las autonomías, por otro, han sido acordados de forma “unilateral y arbitraria” por el Gobierno central y vulneran la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
El Gobierno canario sostiene que la distribución del déficit ha incumplido la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, al aplicarse un procedimiento que no se ajusta a la norma, según ha explicado su viceconsejero portavoz, Martín Marrero.
A juicio de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, el Estado no ha respetado en el reparto de la revisión del déficit la metodología que disponen esas normas ni tampoco se ajusta a las previsiones establecidas por la Comisión Europea para su cálculo.
Solo en el año 2013, la fórmula aplicada permite al Estado aumentar su capacidad de gasto de forma irregular en 5.974 millones de euros, mientras que las comunidades autónomas pierden 3.914 millones en su conjunto, ha denunciado Marrero.
Sobre la fijación de los objetivos individuales a las comunidades autónomas, el Ejecutivo canario considera que también se vulnera la Ley de Estabilidad Presupuestaria al no contemplar factores como el déficit de ingresos procedentes del sistema de financiación.
Según sus cálculos, Canarias sufre como consecuencia de ese déficit de financiación una merma anual de 800 millones de euros para garantizar los servicios públicos esenciales como sanidad, educación y políticas sociales.
Además, en opinión del Ejecutivo de Paulino Rivero, tampoco se ha tenido en cuenta la situación económica de cada comunidad autónoma ni su tasa de desempleo a la hora del reparto individualizado.
Los servicios jurídicos del Gobierno canario también entienden que la distribución acordada por el Consejo de Ministros vulnera los principios constitucionales de igualdad, solidaridad y autonomía financiera de las comunidades.
El portavoz del Ejecutivo canario ha informado de que los cálculos realizados por la Consejería de Economía y Hacienda indican que, si se hubiese aplicado de forma correcta la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y las instrucciones de la Unión Europea, el techo del déficit para Canarias tendría que haber llegado al 2,5 %, en vez del 1,2 %.
Marrero ha explicado que ese incremento en el déficit se hubiera traducido en la posibilidad de endeudarse hasta 480 millones de euros más sobre los 206 millones autorizados por el Gobierno central a la comunidad autónoma de Canarias.
Según el portavoz del Ejecutivo, se trata de una diferencia “muy sustancial”, producto de una incorrecta aplicación de la propia normativa estatal.
“Además, estamos hablando de recursos propios, ya que ni un céntimo de estas cantidades las aporta el Estado, que se limitaría a autorizar una mayor capacidad de endeudamiento”, ha agregado, por lo que el Consejo de Gobierno haya autorizado a la interposición del recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.
Marrero ha señalado que desconoce si otras comunidades españolas secundarán el recurso que presentará en breve el Gobierno de Canarias, pero ha recordado que fueron muchas las comunidades que mostraron su discrepancia con el reparto del déficit que hizo el Estado.
