Canarias exige retirar el proyecto de Real Decreto de evaluación Secundaria
La consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, ha mostrado en la conferencia sectorial del área el rechazo de la Comunidad Autónoma al proyecto de Real Decreto con el que el Ministerio pretende regular las futuras evaluaciones finales de Enseñanza Secundaria y Bachillerato.
Al igual que ya hiciera con el Real Decreto de noviembre sobre la evaluación final de Educación Primaria, Monzón exigió su retirada, al entender que la prueba “puede dejar en el limbo a muchos alumnos y alumnas que han aprobado todo el curso”, informa la Consejería de Educación en un comunicado.
La delegación canaria criticó al respecto que el Ministerio “insista en vincular las pruebas y la titulación”, puesto que, de aprobarse el Real Decreto los estudiantes que han aprobado el curso completo no tendrían el título oficial hasta superar el examen y, en caso de suspender “perderían un año de sus vidas”, por no tener un título con el que solicitar empleo o seguir estudiando.
Además, Monzón criticó que, como en el caso de Primaria, el texto no se ha debatido y “se intenta soslayar de nuevo el obligado trámite de consultas a las comunidades autónomas” llevando un texto directamente a la Sectorial, “sin siquiera poner en el orden del día que se pretendía aprobar el Proyecto de Real Decreto”.
La consejera canaria recordó que su Gobierno ya presentó un recurso por este motivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, por la evaluación de Primaria.
En relación al punto del orden del día en el que se analizaron diversas cuestiones generales de aplicación de la Ley orgánica de mejora de la calidad educativa, Canarias reiteró su rechazo a esa evaluación final para Educación Primaria y señaló que hará su propia prueba la próxima semana, “que será sólo de diagnóstico del sistema y no de los alumnos”, de acuerdo a los establecido en la Ley canaria de Educación no universitaria.
En la reunión de hoy se abordaron además otros dos Proyectos de Real Decreto, sobre los que la delegación de Canarias manifestó distintas cuestiones.
En el caso del Proyecto de RD por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2016-2017, y se modifica parcialmente el real decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas, la Comunidad Autónoma de Canarias solicitó al Ministerio que disponga cuantos mecanismos sean necesarios para agilizar los trámites de concesión de las becas con carácter general, puesto que las autonómicas son complementarias a las estatales y su pago se retrasa por ese motivo.
En especial, y de acuerdo con una Proposición No de Ley aprobada el pasado miércoles por el Parlamento de Canarias, Soledad Monzón incidió en los retrasos derivados de la aplicación de la parte variable de las becas, para la que el Estado espera a la concesión de las becas que disponen las diferentes Comunidades Autónomas.
El Proyecto de RD de modificación del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo contó por su parte con el voto favorable de esta Comunidad Autónoma.
El orden del día de la sesión se completó con diversos aspectos relacionados con la distribución de fondos por parte del Estado hacia las Comunidades Autónomas.
En aplicación de la LOMCE, se ha dispuesto una partida de 368 millones de euros para 2017, que la mayor parte de las comunidades, incluida Canarias, coincidieron en considerar insuficiente para poder aplicar con garantías de calidad todas las modificaciones del sistema que impone el texto legal.
En cuanto a la aprobación de los criterios de distribución de los programas de cooperación territorial, los representantes canarios señalaron que se tuvieron en cuenta varias de las propuestas realizadas, “pero seguimos demandando que en la distribución se tenga en cuenta la insularidad”.
Según las explicaciones ministeriales, el criterio de 'dispersión' ya recoge el de 'insularidad', a pesar de que el artículo 9.3 de la LOMCE dispone que:
'En los programas de cooperación territorial se tendrá en cuenta, como criterio para la distribución territorial de recursos económicos, la singularidad de estos programas en términos orientados a favorecer la igualdad de oportunidades.
Se valorará especialmente el fenómeno de la despoblación de un territorio, así como la dispersión geográfica de la población, la insularidad y las necesidades específicas que presenta la escolarización del alumnado de zonas rurales.'
Por otra parte, Canarias respaldó la solicitud de que se agilicen los trámites para las transferencias a las CCAA, ya que está suponiendo problemas para la contabilización y uso de los mismos, llegando incluso a tener que devolver parte con intereses.
Dentro de estos Programas de Cooperación Territorial, a Canarias le corresponden 2,62 millones de euros, de los que 337.574 euros son para Lenguas extranjeras; 783.722, para atención a Necesidades Específicas de Apoyo Educativo; 72.338 euros, para Convivencia; 72.337, para Salud Escolar; y 1.352.127 euros para Libros de texto.
