Un cargo de confianza de Telde no cuenta con la titulación requerida
La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en el Ayuntamiento de Telde ha denunciado que uno de los cargos de confianza de la Administración municipal, que desempeña su actividad como asesor de la alcaldesa, María del Carmen Castellano, no cuenta con el título universitario de grado exigido para formar parte del grupo A2 de clasificación.
El delegado sindical de FSP-UGT en el Consistorio, Juan Arroyo, exige a Castellano en un escrito que anule el nombramiento de Efraín Gómez al no reunir los requisitos establecidos y solicita la apertura de un expediente de responsabilidad patrimonial para los responsables de su designación.
Arroyo señala que la designación de Gómez vino acompañada de la del coordinador general de Economía y Hacienda y la directora general de Servicios Sociales. El sindicato solicitó la justificación de los correspondientes procesos selectivos debido a que existían “dudas considerables” acerca del cumplimiento de los requisitos.
Posteriormente, la Mesa General de Negociación informó de que el título aportado por Gómez carecía de los efectos que se otorgan a los estudios oficiales “indispensables” para ocupar un puesto en las administraciones públicas. En este punto, el sindicato destaca el nombramiento no fue realizado por el Departamento de Personal, al que tampoco se le encomendó controlar que se cumplían los requisitos.
El mencionado título aportado por Gómez, explica Arroyo, se realizó a través de un convenio de colaboración entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) y Gestivan 95 S.L. para el desarrollo de enseñanzas relacionadas con el protocolo institucional público y privado. Un acuerdo que quedó sin efecto en septiembre de 2009, precisa.
FSP-UGT recuerda a Castellano que muchas de las solicitudes de personal fijo del Ayuntamiento enviadas durante los procesos de funcionarización a puestos de la misma categoría profesional y grupo de reclasificación fueron excluidas al no haber podido acreditar “de forma fehaciente” la posesión del título de Graduado Escolar.
Motivo por el que considera que la designación de Gómez es “nula de pleno derecho” y exige que “quienes han participado en el nombramiento recurrido, así como los que se han beneficiado, reintegren en las arcas municipales las cantidades abonadas en forma indebida”.
Asimismo, pide la apertura del preceptivo expediente que depure responsabilidades “tanto administrativas como penales que se pudieran derivar por las actuaciones realizadas, tanto para la obtención de la resolución recurrida, así como por la negligencia en que hasta la fecha no se haya dictado ninguna resolución anulando el acto recurrido”.
