El Gobierno estatal aprueba las ayudas para paliar los daños del temporal, pero sin dar cifras
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto ley urgente para paliar los daños por el temporal de lluvias en Canarias y en el sur y este peninsular en septiembre y octubre pasados, ha anunciado este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría.
Solo en Gran Canaria, los daños ascienden a unos 35 millones de euros, según cálculos del Cabildo de la isla, de los que la mayor parte corresponden al municipio de Telde.
Acompañada por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, Saénz de Santamaría ha recordado que la intensidad de las lluvias caídas entre el 22 y 24 de octubre en casi toda la comunidad canaria obligó a la intervención de medios autonómicos, locales y de la Unidad de Emergencias Militar (UME).
Hasta el momento no se han podido cuantificar de manera definitiva el coste de la aplicación de las medidas del real decreto ley, ha explicado el ministro.
Además del archipiélago canario, la nueva norma incluye a las provincias de Almería, Granada, Murcia, Alicante, Valencia, Gerona y Tarragona.
El Gobierno podrá aplicar estas medidas a otras situaciones de emergencia que hayan sucedido o puedan ocurrir hasta el próximo 9 de enero.
Al día siguiente, 10 de enero de 2016, entrará en vigor la Ley del Sistema de Protección Civil que ya prevé un sistema distinto para otorgar ayudas para estas situaciones, ha aclarado el ministro del Interior.
Los temporales de septiembre y octubre han afectado tanto a infraestructuras de titularidad estatal (carreteras de la red secundaria, puertos, etc.) como municipales (sobre todo alcantarillado) y a viviendas, garajes, comercios e instalaciones industriales y turísticas.
Según ha detallado Fernández Díaz, en Canarias resultaron dañados los puertos de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma y Las Palmas, así como playas de Las Palmas.
En el sur y este de la península quedaron afectadas las cuencas del Júcar y del Segura; playas de Murcia, Alicante y Gerona; carreteras de Granada, Almería y Alicante; los puertos de Motril y Tarragona y los aeropuertos de Málaga y Almería, entre otros.
El nuevo real decreto ley prevé ayudas económicas directas y beneficios o ventajas fiscales y laborales.
Además, ha subrayado el ministro del Interior, se amplía de uno a dos meses el plazo para presentar las solicitudes por parte de los interesados y se reduce de seis a tres meses el plazo de resolución de los expedientes presentados.
“Todas las ayudas -ha dicho- se abonarán con cargo a los créditos dotados en el vigente presupuesto del Ministerio Interior, en concreto a la dirección general de Protección Civil”.
También contempla ayudas directas por parte de las carteras de Fomento; Hacienda; Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y del Fondo Financiero para la modernización de infraestructuras turísticas.