La cúpula urbanística de Zerolo vuelve a declarar

Los personajes más influyentes de la cúpula de la Gerencia de Urbanismo durante los años en los que Miguel Zerolo ejerció de alcalde de Santa Cruz comienzan a partir de este lunes a declarar de nuevo en los juzgados de Santa Cruz. En esta ocasión se trata del conocido ya como caso Siliutto denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por los abogados Felipe Campos, de la Plataforma en contra del Plan General, y Pedro Arcila, quien también es concejal de Sí Se Puede. Se trata de una repetición a pequeña escala de lo ocurrido con la adquisición del frente de Las Teresitas. El Ayuntamiento tuvo en sus manos varias tasaciones diferentes para comprar este inmueble situado en El Toscal en el que se iba a ubicar la sede de la Casa de la Juventud y de forma inexplicable se decantó por la más cara.

Para explicar qué ocurrió exactamente a finales de 2002 la Fiscalía ha llamado a declarar en calidad de imputados por presunta malversación de fondos públicos y prevaricación a los ocho representantes políticos del Consejo de la Gerencia de Urbanismo en aquel momento. Por ello, aparecen de nuevo nombres como el de Manuel Parejo, concejal durante varios mandatos de Urbanismo, Norberto Plasencia, responsable de Servicios Municipales y Obras y Basilio Franco, otro de los hombres de confianza de Zerolo y comisario de la policía nacional durante las investigaciones del caso de Las Teresitas, por lo que el sindicato de este cuerpo de seguridad pidió su relevo.

El Juzgado de Instrucción número 2, donde también se investigó el conocido como caso mamotreto, ha citado para el martes a Dámaso Arteaga, el único concejal que aún permanece en la política activa como responsable municipal de Servicios Municipales y Obras, si se exceptúa que Plasencia representa al Ayuntamiento en la asamblea de CajaCanarias y a Juan Antonio Rodríguez Lorenzo también de Coalición Canaria (CC) como los anteriores. Curiosamente, también ha sido llamado Antonio Covas fallecido a principios del año 2003. El día 11 se retoman las declaraciones esta vez a la antigua representante del Partido Popular (PP) en el organismo autónomo, María José Gutiérrez Pajarón, al del Partido Socialista Canario-PSOE, José Luis Martín, a quien se le retiraron los cargos del caso de Las Teresitas y a David Sáenz del grupo mixto.

Será a partir de aquí cuando la juez y la Fiscalía decidan si también citan y en calidad de qué a los técnicos que en aquel momento estuvieron presentes en la reunión como fueron el antiguo secretario de la Gerencia, Víctor Reyes; el entonces interventor José Luis Roca (aunque en aquel encuentro fue sustituido por Esther Pérez) o el anterior gerente, José Tomás Martín, imputados todos ellos en el caso de Las Teresitas. También asistieron a la sesión, Epifanio Gómez y Loreto Ariz actualmente procesados dentro del conocido como caso mamotreto por la construcción del edificio de aparcamientos y centro comercial situado al inicio de la playa y cuya vista oral se desarrollará entre el 18 y el 22 de noviembre próximos. La Fiscalía ha solicitado que comparezcan como testigos los antiguos dueños de la casa, Francisco y Carmen Alonso Siliuto. La cercanía en el tiempo entre la compra del frente de Las Teresitas cerrada en 2001 y la de la casa Siliuto hace que mucho de los nombres coincidían ya que ambas operaciones se llevaron a cabo en el mismo mandato.

La ronda de declaraciones se inicia precisamente cuando más parece cerrarse el círculo judicial en contra de los anteriores gestores del Ayuntamiento. Hace un mes Reyes, tuvo que declarar como imputado por la supuesta falsificación de planos del Parque Marítimo y en el mismo juzgado número dos se han concentrado todas las causas relativas al Plan General. Por si fuera poco en estos momentos, Zerolo, como senador por la Comunidad Autónoma, permanece imputado ante el Tribunal Supremo (TS) por Las Teresitas y las obras del Instituto García Cabrera, por lo cual se espera que en breve el Supremo decida si pide permiso al Senado para continuar con las investigaciones.

El grueso de la querella del caso Siliuto apunta a una presunta malversación de fondos públicos y prevaricación, al entender la Fiscalía que los responsables de la Gerencia compraron la casa por 188.000 euros más de su valor real. Según se recoge en la denuncia, el Ayuntamiento adquirió el inmueble por 612.000 euros y pagó además otros 11.000 por los impuestos que supuso la operación, incumpliendo el acuerdo de que esta última cantidad fuese abonada por los vendedores. Sin embargo, los propios técnicos de Urbanismo habían tasado la propiedad en un precio muy inferior, de 332.500 euros. Pero hubo otra valoración más, la encargada por Urbanismo a la empresa Tinsa, la misma que tasó los terrenos de Las Teresitas, que consideró que el Ayuntamiento debía abonar 706.000 euros.

Por su parte, la Fiscalía encargó un informe pericial donde se fija que el valor del inmueble no supera los 475.000 euros. En el expediente los anteriores responsables de la Gerencia de Urbanismo defendieron que la diferencia entre las cantidades fijadas en cada una de las tasaciones con las que trabajaron entra dentro de lo “razonable” en este tipo de operaciones mercantiles. El Ayuntamiento compró el edificio para que albergase la Casa de la Juventud, aunque años después el inmueble permanece cerrado y en un estado de total abandono. Se trata de una casona de tres plantas de más de un siglo de antigüedad. El edificio está en la calle San Antonio, en la zona de El Toscal protegida con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).