Descubren otro pufo del concurso de ambulancias
El polémico y sospechoso concurso de ambulancias adjudicado en varios lotes por el Gobierno de Canarias de CC-PP en 2009 ha añadido otro antecedente a su ya numeroso historial judicial en contra. La última sentencia conocida de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias anula la adjudicación del servicio para el periodo 2008-2013 en la isla de La Palma, cuyo importe de licitación sobrepasó los 18 millones de euros.
La Sección Primera ha dado la razón a la empresa Transportes Sanitarios de La Palma SL, en su apelación contra una sentencia del juzgado número 5 de LPGC, de noviembre de 2011, que desestimó un recurso especial contra su exclusión del proceso licitador en 2008, alegando entonces la Mesa de Contratación de la empresa pública Gestión de Servicios para la Seguridad y la Salud de Canarias (GSC) que no había subsanado errores en la tramitación de su aval.
Ahora la Sala, siguiendo el criterio de unificación de doctrina debido a su sentencia anterior de julio pasado en un mismo sentido general, ha anulado la adjudicación a la empresa ganadora, Ambulancias García Tacoronte SL, y en sentencia fechada el 19 de octubre pasado ordena retrotraer las actuaciones al momento anterior de la exclusión de la demandante que, en puridad, debería concederle el servicio, ya que solo fueron dos las ofertas presentadas.
Y es que el tribunal canario estima que la Mesa de Contratación nunca debió permitir que Ambulancias García Tacoronte SL siguiera adelante en el concurso palmero de ambulancias, ya que de manera irregular permitió una subsanación en la presentación de su aval fuera de toda legalidad. Reza esta nueva prueba de la arbitrariedad del concurso de la empresa de Seguridad y Emergencias que los miembros de la Mesa permitieron que el aval de la ganadora fuera presentado fuera de plazo, sin fecha y sin número de inscripción en el registro correspondiente, “siendo destacable la irregularidad que implica”.
La Sala se detiene en el hecho de que los responsables del concurso dieron por bueno un aval en teoría subsanado que, en las pruebas practicadas por el alto tribunal, quedó acreditado que no figuraba inscrito en el registro de avales de la oficina de Gáldar de la entidad bancaria que en teoría lo concedió, por lo que no debió darse por subsanado y por tanto tuvo que ser excluída del concurso por la inexistencia de esa garantía admitida por la Mesa de manera irregular.
El fallo, contra el que no cabe recurso y admite parcialmente el de Transportes Sanitarios de La Palma SL, excluye la indemnización, pendiente ahora de cuantificar por la recurrente, después de haber transcurrido más de dos meses de silencio administrativo por parte del Gobierno de Canarias, sobre otro de los pufos de la empresa dependiente de los ex consejeros de Presidencia, Justicia y Seguridad José Miguel Ruano (CC) y de Sanidad Mercedes Roldós (PP).
El tribunal vuelve a recalcar, como en julio, la falta de colaboración de la administración pública autonómica a la hora de remitir los expedientes del concurso, en especial los de la ganadora, Ambulancias García Tacoronte SL, una de las empresas del sector con mayor crecimiento en los últimos años, ya que desde 2009 que inicia el servicio ha gestionado casi 19 millones de euros.
La sentencia deja otra vez en evidencia las decisiones de la Mesa, presidida por el entonces gerente de la empresa pública del 1-1-2, el comisario Luis Molina (PP), actual subdelegado del Gobierno de España en Las Palmas, que también se enfrenta a un proceso penal paralelo, en el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, tras la denuncia presentada por la afectada.
En esta instrucción penal también están imputados el ex gerente del Servicio Canario de la Salud (SCS) Guillermo Martinón y la ex secretaria general Lourdes Quesada, esposa del fiscal jefe provincial de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, entre otros miembros de la Mesa, despues de que la Audiencia de Las Palmas ordenara la reapetura de las diligencias previas archivadas de manera “precipitada” por el juez Rafael Passaro.
