Desencuentro de Berriel con Fomento
Confrontación con el Gobierno central y más en concreto con Fomento es lo que toca ahora. O eso parece. Aunque si se tratara de una mera táctica, lo cierto es que el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, lo disimuló bastante bien al comparecer este viernes ante los periodistas tras su reunión en Madrid con el secretario de Estado de Fomento, Rafael Catalá, y otros altos cargos del ministerio.
“Me voy muy insatisfecho” señaló en la rueda de prensa convocada en la Oficina del Gobierno de Canarias. “Aunque ha habido mucha cordialidad poco positivo hemos sacado”. “Me voy con una sensación bastante negativa y el Estado está maltratando a Canarias desde el punto de vista económico”, fueron otras de sus frases.
El mayor desacuerdo, el del Convenio de Carreteras, para al que, pese a preverse cuando se firmó unos 207 millones al año hasta 2017, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2011 sólo supuso 68 millones e incluso se redujo a 54 en los de este año.
En diciembre el Gobierno regional puso una demanda contencioso administrativa al Estado ante la Audiencia Nacional reclamando el cumplimiento del Convenio en relación con los PGE de 2012 y hoy Berriel amenazó al Gobierno central con ampliar dicha demanda a 2013 si Canarias no recibe al menos unos 35 millones adicionales este año para atender sus obligaciones.
“Estamos dispuestos a modificar el Convenio y que las inversiones previstas se aplacen a 2019 y que a partir del año que viene empezásemos a recibir en los PGE unos 150 millones”, dice el consejero, “pero no dan ninguna respuesta concreta, se remiten a Hacienda para decir que no tienen recursos y nosotros necesitamos garantías de que se van a acabar las obras ya iniciadas. Con eso nos van a obligar a volver a los tribunales”.
“Ellos dicen que si no hay dinero para cumplir con los Convenios en los PGE, el convenio no se cumple, nosotros, lo que les decimos es que lo primero que hay que cumplir en los PGE son las obligaciones que se han adquirido”, añade el consejero, “y que cuando hemos firmado algo con un contratista lo hemos hecho con la garantía de que el Estado cumpliría con la parte que le tocaba”.
“¿Y qué le decimos ahora a los contratistas a los que les están embargando la maquinaría cuando al mismo tiempo vemos que en los PGE hay dinero para el AVE de Galicia?”, añade.
Y es que si bien en distintos medios se había anunciado que la reunión de hoy tenía como objeto hablar de tasas aeroportuarias y de la carestía de las conexiones aéreas, parece claro que el encuentro discurrió en su mayor parte por otros derroteros, pues, como ya era sabido, ni las compañías aéreas están por la labor de abaratar los precios ni el Gobierno central por la de rebajar aún más las tasas.
Eso sí: Berriel aprovechó para reiterar al Gobierno regional la amenaza que ya ha formulado varias veces el presidente Rivero respecto al sistema aeroportuario: que si no hay una respuesta positiva del Estado dando cabida a un sistema parecido al que ya rige en las Autoridades Portuarias de las dos provincias, Canarias reclamará la gestión directa de los aeropuertos, y que “ésa sería la mejor manera de bajar las tasas, porque nuestros aeropuertos son rentables y tienen superávit”.
Agregó Berriel en este sentido que aunque el Estatuto de Autonomía dice que Canarias sólo puede optar a la gestión directa de los aeropuertos si el Estado no se la reserva, “es evidente que no se la está reservando si está privatizando una parte de AENA”, y que con esos argumentos acudirían al Tribunal Constitucional si el Gobierno del PP “sigue empeñado en mantener una postura centralista”.
“Si vamos a tener que canalizar todas nuestras relaciones viéndonos en los tribunales ése es muy mal camino”, agregó el consejero. “Es lamentable que el Estado solo se haya acordado de Canarias y haya alcanzado grandes acuerdos cuando ha necesitado sus votos en el Congreso”
Los Cristianos y el tacógrafo
Otro de los asuntos objeto de desacuerdo desde hace años y del que se habló en la reunión fue de la situación del Puerto de los Cristianos, que sigue en manos de la Autoridad Portuaria Estado pese a las reclamaciones del Ejecutivo regional de que quede bajo su tutela.
Aunque el Tribunal Constitucional ya resolvió en una ocasión en favor del Gobierno central, el Ejecutivo regional podría poner próximamente otro recurso ante dicho órgano en relación con el puerto tinerfeño.
En el plano de los acuerdos sólo se puede señalar, según lo manifestado por el consejero, que hubo consenso parcial sobre la aplicación en las Islas de la legislación sobre el uso del tacógrafo en el transporte por carretera y que el borrador del Real Decreto que se prepara será objeto de consultas con el Gobierno regional.
