El director de personal esquiva la recusación
La sección de Intersindical Canaria (IC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha interpuesto este jueves una nueva denuncia por la vía administrativa contra el Director General de Recursos Humanos y Seguridad, José María Cabrera, al considerar que ha podido incurrir en los delitos de prevaricación y desvío de poder en el proceso que ha conducido al consistorio a desestimar la recusación solicitada por el sindicato.
El pasado mes de septiembre una empleada pública elevó, en representación de IC, un escrito de denuncia contra Cabrera en el que sostenía que el director general debió abstenerse en el procedimiento de contratación del servicio de consultoria para la elaboración del Plan de Recursos Humanos del Ayuntamiento por su relación “profesional y de amistad” con Juan Fernando Fariña, administrador único de Estrategia y Gestión Pública, empresa que resultó adjudicataria del servicio por un importe de 62.790 euros.
El procedimiento elegido, negociado sin publicidad, fue uno de los reparos que puso el departamento de Contratación en dos informes, en los que también cuestionaba aspectos como la generalidad de los criterios de valoración o la falta de cierre en el contrato de asistencia técnica que el Ayuntamiento había adjudicado en 1997 a otra empresa. Finalmente el contrato se rubricó en junio de 2013, tres meses antes de la petición de recusación, tras una negociación entre Cabrera y Fariña.
El sindicato considera que Cabrera obró de mala fe y evitó el cumplimiento del regimen jurídico de las Administraciones Públicas en lo relativo a la recusación “pese a conocerlo”. Esta normativa establece que el recusado deberá manifestar a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, el superior podrá acordar su sustitución y, en el segundo, dispondrá de un plazo de tres días para resolver la petición, con los informes y las comprobaciones previas que considere oportunas.
IC denuncia que no recibió contestación del Consistorio en el tiempo estipulado y que fue un mes después cuando se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, de una forma que tilda de “extemporánea y semiclandestina”, una notificación a su delegada en la que le solicitaba que acreditara su domicilio y la representación sindical.
Finalmente, el Ayuntamiento ha desestimado la recusación sin entrar en el fondo de la denuncia y alegando un defecto formal, al entender que el documento debió ser presentado por la Federación de Servicios Públicos del sindicato y que el poder notarial entregado por la funcionaria no le concedía representación.
El sindicato reclama la apertura de un expediente informativo para esclarecer lo sucedido y comprobar si el director de Recursos Humanos del Ayuntamiento ha incurrido en algún delito. En la denuncia presentada este jueves, la abogada de IC habla de una “conducta que conlleva mala fe y temeridad en las relaciones entre la Administración y los empleados públicos”.
