Disuelta la empresa del Parque Marítimo
El Juzgado de lo Mercantil número uno de la capital tinerfeña ha dado por oficialmente disuelta la empresa Santa Cruz Park Tenerife SL que, desde 2006 a 2010, asumió la gestión del Parque Marítimo César Manrique. El tribunal, con este trámite, da por finalizado el concurso de acreedores. La titular del juzgado, Ana Fernández Arranz, justifica esta decisión ante la “insuficiencia de la masa activa” de la sociedad.
Santa Cruz Park Tenerife SL saltó a la actualidad en 2008 a raíz de las denuncias presentadas por los vecinos de los alrededores del Parque Marítimo por la celebración de fiestas en el recinto que consideraban ilegales ya que según argumentaban no estaban contempladas en el Plan Especial. A partir de aquí se procedió al cierre de las instalaciones en el mes de marzo de 2009 alegando sus gestores que sin estas actividades la explotación del Parque no resultaba rentable. A principios del año siguiente el Ayuntamiento consiguió que los juzgados ejecutaran el desahucio y reclamó el pagó de las deudas contraídas, que ahora una sentencia ha fijado en cerca de un millón de euros en cuanto a alquileres.
El juzgado de lo Mercantil número uno, que desde un principio ha tramitado el concurso de acreedores, determina a través de un auto que ha quedado acreditada la inexistencia de bienes y derechos de Santa Cruz Park Tenerife SL “o de terceros responsables con los que satisfacer los créditos contra la masa”. El Juzgado, de todas formas, apunta que en estos momentos no existe constancia de que se estén tramitando, ni estén pendientes demandas de reintegración de la masa activa o de responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas. Ninguna de las partes personadas, entre las que está el propio Ayuntamiento de Santa Cruz, ha presentado un escrito de oposición a la conclusión del concurso, ni a la rendición de cuentas del administrador.
El abogado de la entidad, Juan Jesús Cabrera, ha indicado que en estos momentos quedarían registradas como deudas el millón de euros por las rentas de alquiler impagadas y otras a la Seguridad Social de las que se hará cargo el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Por lo tanto, indica que el auto del Juzgado lo que viene a decir es que la entidad carece de recursos para hacer frente a las reclamaciones y de esta manera se da por extinguida.
En cuanto a alquileres una sentencia de la Audiencia Provincial recurrida ante el Tribunal Supremo (TS) señala que su pago lo deben asumir los ya exadministradores Luis Gil, Álvaro Gil y Carlos Francisco Díaz. El Ayuntamiento asegura que ha exigido que se le abone esta cantidad, aunque en principio parece que hasta que el Supremo no se pronuncie los anteriores gestores procederán a avalarla con sus propiedades. La Corporación también exigía que se le compensara por los bienes que habían sufrido daños o desaparecido del recinto, aunque según indica Cabrera, una sentencia ha rechazado esta reclamación.
El abogado, Felipe Campos, sin embargo, advierte al Ayuntamiento que este auto puede significar que no se cobren las deudas contraídas, a parte de indicar que existen costas por procesos judiciales que todavía no se han abonado. “La sociedad está arruinada como no tiene activos para hacer frente a las deudas, ni posibilidad alguna de tenerlos en el futuro se da por extinguida”.
El abogado sospecha que en realidad el Ayuntamiento ni siquiera ha movido ficha para cobrar el millón de euros que le reconoce la Audiencia Provincial y como ejemplo de ello pone que el concejal de Izquierda Unida-XTF, José Manuel Corrales, ha solicitado que se le acredite documentalmente esta petición, “y no se le ha entregado”. “Si a todo ello unimos esta ruina absoluta de Santa Cruz Park, creo que más de uno debería estar alerta sobre qué ocurriría si el administrador, Luis Gil, es insolvente, no aparece o desaparece tal y como apuntan los rumores”, destaca.
El abogado indica que “por suerte la sentencia de la Audiencia se emitió poco antes de que se extinguiera la sociedad, porque sino estaríamos hablando de una deuda de imposible cobro. Lo sospechoso es que desde que trascendió el fallo judicial el Ayuntamiento se niega a demostrar que ha requerido su desembolso y a entregar a IU-XTF las cuentas del Parque. Es increíble que un concejal no pueda acceder a la documentación de una entidad pública”. Campos rechazó la respuesta por escrito del concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, a la pregunta de Corrales sobre si se había requerido este dinero, en la que indicaba que no tenía nada que ver con ese asunto. “Es como si la mano izquierda no sabe nada de la derecha. El presidente de la sociedad Parque Marítimo es el alcalde, José Manuel Bermúdez y el vicepresidente es José Ángel Martín, aunque al final se está constatado que el secretario, Pedro Doblado es quien realmente manda”, pese a que en su momento se anunció que éste último había sido cesado.
