Las empresas públicas, en el ojo del huracán
Las fundaciones y empresas públicas del Gobierno de Canarias también aparecen en el punto de mira de los funcionarios. En uno de los documentos elaborados por representantes de empleados públicos sobre las medidas de ahorro en la Administración y que firma, entre otros, el Sindicato Independiente Canario (SIC), se propone la supresión de todas las sociedades públicas deficitarias y la reducción de las cuantías totales que se transfieren mediante encomiendas de gestión, así como la supresión de ocho fundaciones que representan un gasto de 31 millones de euros, según reflejan los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
Otros, en cambio, plantean una reorganización en el seno de estas empresas para evitar duplicidades con la labor desempeñada en determinadas áreas del Gobierno regional, pero sin que ello implique destrucción de empleo. CCOO, por ejemplo, aboga por delimitar las funciones que desarrollan el Servicio Canario de Empleo (SCE) y Funcatra ?fundación que despidió en abril a 112 trabajadores- para “evitar que se superpongan”, una opción que considera preferible a la absorción de personal por parte del organismo autónomo.
Una vieja reivindicación de este sector es la elaboración de una diagnosis de carga de trabajo para evitar estas duplicidades, tanto en la propia administración como con respecto a las empresas públicas. ''Hay sitios donde están saturados y otros donde están de brazos cruzados“, sentencia Manuel González, de Sepca, que pone el ejemplo de licenciados en Ciencias del Mar que ”están deseando ser reubicados“ tras finalizar un proyecto para la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), mientras en la Dirección General de Protección de la Naturaleza y el Medio Ambiente ”hace falta gente“.
En cuanto a las gerencias de las empresas públicas, José Ramón Barroso, de CCOO, se muestra partidario de que el acceso se realice desde el ámbito funcionarial, mediante un concurso de méritos. Intersindical Canaria, por su parte, plantea una disminución del número de cargos intermedios en las sociedades mercantiles dependientes del Gobierno de Canarias.
Aunque el Ejecutivo ha impuesto a los gerentes en su plan de racionalización que perciban sus retribuciones con el tope salarial que marca el sueldo de un director general, el sindicato Sepca va más allá y exige que los directores que cobraron por encima de lo que estipulaba la normativa durante el pasado año devuelvan la diferencia, al considerar que ha habido apropiación indebida.
