“El auto contra Francisco González es un triunfo para los que hemos sufrido sus arbitrariedades”
Isabel Santiago, la portavoz de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Mogán, afirmó que el auto en el que se aprecian presuntos delitos contra los derechos cívicos y de prevaricación administrativa del primer edil de la localidad, Francisco González, “es un triunfo para los que hemos sufridos las arbitrariedades del alcalde, y para la democracia en general”, a pesar de que ante el auto cabe interponer recurso de reforma y hay que esperar por la propuesta de la Fiscalía.
Santiago, que reconoce que ha sido expulsada por el alcalde en la gran mayoría de los plenos celebrados en el Consistorio, afirma que un “personaje como lo es” Francisco González está “caminando por el filo de una navaja que puede dejarlo fuera de la escena política” y que no le sorprende la apertura de la fase previa a juicio oral ante una persona que ha demostrado una actitud “dictatorial” y que cree que el Ayuntamiento “es cortijo privado en el que las concejalías pasan de padres a hijos”.
Para la política nacionalista el auto supone la constatación judicial de que el alcalde ha actuado de forma “arbitraria” en la toma de sus decisiones y “con el más absoluto desprecio hacia los derechos constitucionales que asisten a los representantes de los ciudadanos”, aunque cree que es “triste” que pueda ser expulsado de la vida pública de la localidad del suroeste grancanario por este caso y no por las imputaciones del caso Góndola.
La concejala también recordó que en varios plenos ha sido insultada por González, quien ya había sido condenado en 2013 precisamente por no dejarla hablar el año anterior a pesar de que los grupos de la oposición le habían cedido sus turnos para la exposición de Santiago, quien fue interrumpida por el alcalde, que cerró la ronda de intervenciones con un alegato de 20 minutos.
El magistrado Julio Luis Wood, titular de Instrucción 2, ha dictado un auto de transformación de las diligencias previas 2988/2014 en procedimiento abreviado, por si los hechos imputados a González estuvieran tipificados en los artículos 542 -contra los derechos cívicos- y 404 -prevaricación administrativa-, ambos en relación con el 74 -aplicación de penas en su mitad superior-, con penas que oscilan de 1 a 4 y de 9 a 15 años de inhabilitación, respectivamente.
El auto fechado el 9 de abril pasado se fundamenta en tres sentencias de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ha dado la razón a concejales de la oposición en los últimos dos años, al ver vulnerados sus derechos en diferentes plenarios del Consistorio.
