El futuro del ITC, en manos de su ex secretario general
El visto bueno al principio de acuerdo alcanzado entre la Consejería de Empleo, Energía y Comercio y los representantes de los trabajadores del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) pasará por manos de Función Pública y del área de Hacienda del Gobierno de Canarias, cuyo viceconsejero es Jesús Velayos, que fue secretario general del organismo público en la pasada legislatura.
Durante la época en que ocupó el puesto directivo en el ITC, Velayos protagonizó diversos desencuentros con la plantilla relacionados con la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI). En un comunicado enviado por UGT y CCOO en 2011 a los medios de comunicación, los sindicatos acusaron al entonces secretario general de liderar, junto al actual consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, una cruzada para desmantelar el ITC y que éste quedara absorbido por la ACIISI.
Asimismo, achacaron a Velayos la situación del organismo público y recordaron que tuvo que abandonar el cargo “después de una querella por prácticas antisindicales y por ejecutar despidos improcedentes y bajo amenazas sobre la platilla del ITC”.
Tras meses de negociaciones y amenazas consistentes en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y huelgas por parte de la Consejería de Empleo que dirige Francisca Luengo y los representantes de los trabajadores, respectivamente, ambas partes han sellado un principio de acuerdo que, por un lado, se llevará a votación por parte de los empleados y, por el otro, volverá a recaer sobre Velayos.
La secretaria del comité intercentros del ITC, Carmina Santana, dice a Canarias Ahora que es consciente de que el “escollo fundamental” para que el acuerdo alcanzado se ratifique se encuentra en la Consejería de Hacienda, a la que acusa de ser la causante del déficit presupuestario de la empresa. Aunque manifiesta que “tenemos reservas e incertidumbre, porque hemos pasado por procesos de acercamientos y desencuentros continuos”, confía en que Luengo, a la que sitúa como la máxima responsable de la empresa, “sea valiente” y defienda lo convenido.
Por otro lado, Santana señala que el acercamiento entre ambas partes continúa pendiente de “un par de flecos”, “un par de cláusulas que nos generaban dudas” referentes a la preservación de los puestos de trabajo, que no se encuentran garantizados al 100% en el documento.
Al respecto, explica que los trabajadores disminuirán sus salarios para evitar el ERE. Motivo por el que los representantes de los trabajadores exigen garantías de que la entidad no rescindirá los contratos a posteriori, ya que consideran “absurdo que si vamos a cubrir el déficit de la empresa con nuestros salarios, la empresa haga después despidos. No tiene sentido”.
Otro de los puntos conflictivos del acuerdo se centra en que la bajada de salarios se circunscribirá en principio a dos años y volverá a ser cuestionada en 2016. En un primer contacto, la plantilla se muestra satisfecha de que se puedan salvar los puestos de trabajo, aunque no acoge con entusiasmo lo que considera como una pérdida de derechos y salario para solventar una situación “creada por el propio Gobierno”, concluye.
