El Gobierno asegura que redujo la jornada laboral en 2013 para proteger el empleo
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, ha asegurado este viernes que el Gobierno canario redujo la jornada laboral a los funcionarios interinos y los laborales en 2013 para proteger el empleo público convencido de su legalidad.
Aarón Afonso, en un comunicado, ha señalado que el Ejecutivo tomó esta medida sin que le gustara, pero entonces consideró que la alternativa, que era destruir empleo, era peor, y optó por aplicarla, como hizo en efecto, de forma coyuntural durante el menor tiempo posible, de enero a abril de 2013.
La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad ha enviado este comunicado después de que Comisiones Obreras (CCOO) haya anunciado la presentación de una denuncia penal contra los responsables de los recortes salariales de 2013 al personal laboral de la Comunidad Autónoma.
Según Aarón Afonso, desde mayo de ese año, los empleados volvieron a sus horarios y a sus retribuciones ordinarias y, en consecuencia, las retribuciones se abonaron en proporción a la jornada realizada.
El consejero ha aclarado que la medida no implicó una reducción de las retribuciones de los empleados públicos, sino de la jornada laboral en un 20% con carácter general y de un 10% a los empleados públicos con una jornada semanal inferior a las 25 horas.
Asimismo, ha recordado que la sentencia reciente del Tribunal Constitucional (TC) sobre este asunto se refiere solo a los laborales, no a los funcionarios interinos, y que la misma es consecuencia de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en relación al conflicto colectivo que presentó el Gobierno en 2013.
Por tanto, ha aclarado, cuando el TSJC reciba la sentencia del TC deberá resolver el conflicto colectivo y la resolución del mismo será la que deba cumplir el Gobierno de Canarias.
Por otra parte, ha insistido que el Ejecutivo canario adoptó esa medida siendo consciente de que es una directiva europea la que abre la puerta a un trato diferenciado de los empleados cuando hay razones objetivas que así lo justifiquen.
De esta manera, ha continuado, el Ejecutivo autonómico actuó desde el convencimiento de que el mantenimiento del empleo público así como la contención del gasto que impuso ese año el Estado a la comunidad autónoma eran razones objetivas suficientes para acordarla al tiempo que reiteró el respeto del Gobierno canario a los pronunciamientos judiciales, que queda así a la espera de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre el fondo de este asunto.
