El Gobierno canario no paga al Ayuntamiento de Las Palmas los tres escoltas de Soria
Ni un euro. El Gobierno de Canarias no ha satisfecho ni uno solo de los pagos que comprometió mediante un convenio firmado con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda pudiera seguir disfrutando de los tres escoltas que le han acompañado desde que era alcalde de la ciudad. La deuda superará a finales de año los 300.000 euros.
Fuentes municipales confirmaron este jueves a CANARIAS AHORA que el Ayuntamiento ya requirió el pago de esas cantidades, unos 120.000 euros al año, mediante un escrito remitido a la Consejería de Economía y Hacienda en mayo pasado. Pero no ha habido respuesta alguna.
El vicepresidente del Gobierno siempre ha utilizado tres escoltas procedentes de la plantilla de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Lo hizo mientras fue alcalde de la ciudad, y continuó con esa práctica cuando fue elegido presidente del Cabildo de Gran Canaria. Sólo que durante su mandato al frente de esa Corporación, la ciudad le cedió los tres agentes sin que el Cabildo abonara cantidad alguna. La alcaldesa era Pepa Luzardo, correligionaria de José Manuel Soria.
Pero con la llegada del PSOE al Ayuntamiento, Soria reclamó poder quedarse con esos tres escoltas, para lo cual el grupo de gobierno exigió la firma de un convenio que de alguna manera regularizara una situación hasta ese momento anómala. La cesión de tres agentes de manera gratuita y sin documento alguno que lo avalara, no podía seguirse consintiendo.
Pero, además de la irregularidad administrativa que suponía ceder tres policías para un destino diferente al municipal, los tres escoltas de Soria podrían estar incurriendo en infracciones más graves al portar armas de fuego fuera de su jurisdicción, lo que pudo haber quedado resuelto en el convenio. Hay, sin embargo, opiniones encontradas en esta materia.
Fuera legal o ilegal la cesión, el caso es que el convenio, firmado a mediados de 2007, no ha sido cumplido por el Gobierno de Canarias, que no ha pagado ni uno sólo de los plazos: unos 60.000 euros ese año y 120.000 en cada uno de los dos siguientes.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no ha decidido qué hacer, si denunciar el convenio, lo que obligaría a los policías locales a abandonar a Soria y reincorporarse a sus puestos en la Policía Local capitalina, o denunciar el incumplimiento del convenio por la vía contencioso-administrativa.
José Manuel Soria es el primer miembro del Gobierno de Canarias que se hace dotar de un servicio de escoltas. El presidente de la Comunidad lo tiene asignado por el Ministerio del Interior, de modo que son agentes del Cuerpo Nacional de Policía quienes le protegen.
