El Gobierno busca cómo exigir a Soria 5,2 millones
El Gobierno de Canarias ha encargado a sus servicios jurídicos la búsqueda de fórmulas que le permitan exigir responsabilidades patrimoniales personales a José Manuel Soria por haber formalizado de manera defectuosa un aval bancario a la extinta compañía Vanyera durante su etapa como consejero de Economía y Hacienda (2007-2010). Fuentes del Ejecutivo aseguran que esas responsabilidades se extenderían a “todas las personas que estuvieran relacionadas con la gestión del aval”, que “se está analizando”.
El aval a Vanyera 3, que acabó quebrando, fue concedido en la etapa de José Carlos Mauricio como consejero de Economía y Hacienda (2003-2007), pero tramitado por José Manuel Soria ya bajo la presidencia de Paulino Rivero en el pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular. El Gobierno, por boca de su portavoz, Martín Marrero, confirmó este viernes que el hoy ministro de Industria se negó a inscribir la garantía que aportaba la entidad avalada en el Registro Mercantil, lo que hubiera permitido a la Comunidad Autónoma tener derecho preferente en el concurso de acreedores al que se sometió la empresa antes de su cierre.
En 2010, CajaCanarias (hoy Caixabank) puso en marcha la ejecución del aval por importe de seis millones de euros, el principal más intereses, y demandó al Gobierno ante los juzgados de Santa Cruz de Tenerife, como adelantó en su momento CANARIAS AHORA.
La justicia ha resuelto recurrentemente que aquella inscripción registral era imprescindible para al menos tener acceso al cobro de una parte de lo avalado, y ha tumbado uno a uno los recursos del Gobierno para tratar de ahorrar esos 5,2 millones a las arcas públicas.
De momento, el Gobierno canario ha conseguido ahorrarse un millón de euros que se le exigían en concepto de intereses y costas del procedimiento, y negocia en estos momentos pagar el resto de manera fraccionada para no producir un quebranto a su tesorería.
El aval a Vanyera 3 fue tramitado por José Carlos Mauricio en 2007, al término de su mandato como consejero de Economía y Hacienda. Fue necesario modificar, vía parlamentaria, la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, modificación que contó con la unanimidad de todos los grupos de la Cámara. Ya en 2008, José Manuel Soria tramitó la operación ante CajaCanarias (hoy Caixabank) y, pese a las advertencias, se negó a registrar las garantías de Vanyera contra ese aval en el Registro Mercantil. Al quebrar la sociedad, Caixabank ha exigido al Gobierno el pago íntegro de la cantidad avalada, más costas e intereses.
Entre las acciones judiciales emprendidas por el Gobierno tras la marcha de Soria se incluyó el intento de salvar el aval alegando que se había hecho un uso indebido del préstamo concedido.
