El Gobierno descarta imponer multas por el mamotreto hasta que haya una sentencia firme
La Agencia para la Protección del Medio Urbano y Natural (APNUM), dependiente del Gobierno de Canarias, descarta imponer ningún tipo de multa al Ayuntamiento de Santa Cruz por la construcción del edificio de aparcamientos y centro comercial situado al inicio de la playa de Las Teresitas, al menos, hasta que no haya una sentencia firme. En el sumario del conocido como caso mamotreto, que investiga la posible ilegalidad del edificio al haberse construido sin autorización, invadiendo la zona de servidumbre, sin que se hubiese firmado el convenio con Costas e incumpliendo presuntamente la normativa urbanística vigente, que ha sido ya trasladado a todas las partes, consta una resolución del APNUM en el que se indica que aunque se ha abierto un expediente sancionador, este organismo se abstiene de imponer multa alguna hasta que los juzgados no se pronuncien.
Tanto el APNUM como Costas consideran que el Ayuntamiento, en calidad de promotor de las obras, puede ser responsable del vertido, clasificación y acopio de tierras, “afectando a la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre sin contar con la preceptiva autorización”, y por ello pusieron en marcha el proceso para sancionar a la Corporación local. Sin embargo, a la vista de que el Juzgado de Instrucción número 2 decidió desde el año 2008 iniciar una investigación por la construcción del edificio a raíz de una denuncia interpuesta por la Fiscalía para los Delitos contra los delitos medioambientales por prevaricación urbanística y atentado al medio ambiente, el APNUM acordó esperar a que se emita una resolución firme.
Técnicos de este organismo han sido llamados a declarar en el juicio oral para que expliquen el contenido de varios informes realizados en el que se certifica que el edificio supera la volumetría permitida y de haber continuado su contrucción hubiese invadido la zona de dominio público sin autorización alguna.
En estos momentos permanecen como acusados los exconcejales de Santa Cruz, Luz Reverón, Norberto Plasencia, Manuel Parejo y José Domínguez Pastor y los técnicos de Urbanismo y de Obras, Loreto Ariz, Epifanio Gómez y Candelaria Benítez. La fiscal, Inmaculada Violán, ha pedido penas de hasta 18 años de prisión, inhabilitación, multas y la responsabilidad civil por las indemnizaciones que se puedan derivar de los hechos incluido el pago de la demolición del mamotreto. La juez, Juana María Hernández, ha abierto ya el proceso de juicio oral cuya fecha se podrá dar a conocer antes de final de año con lo cual la vista tendría lugar en el primer trimestre de 2012.
