El Gobierno no paga a su propio personal
El consejero de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Quevedo, ha denunciado este jueves que el Gobierno de Canarias no ha presupuestado el suficiente dinero para hacer frente a la nómina de diciembre y a la paga extra de ese mismo mes de 170 trabajadores de la Comunidad Autónoma que desarrollan su actividad en centros gestionados por el Cabildo. Por lo que aseguró que el Ejecutivo autonómico “no paga a su propio personal”.
Según Quevedo, se trata de 145 empleados de la Residencia de Taliarte, 15 del centro Reina Sofía, en El Lasso, y otros seis empleados del servicio central. “Dado que son empleados del Gobierno de Canarias sus salarios deben ser abonados por esta institución, pero el recorte que el Ejecutivo canario ha realizado en las transferencias al Cabildo insular en las cuentas de 2010 pone en riesgo el pago de su nómina de diciembre y de la paga extra”.
El consejero insular señala en un comunicado que el Gobierno canario “ha recortado en un 8,4%” los capítulos I, II y VI, pago de personal, gastos corrientes e inversiones, respectivamente. “En el caso del capítulo I supone un déficit de 331.067 euros que el Cabildo de Gran Canaria no puede afrontar”, afirma.
Quevedo aseguró que “no es admisible que el Cabildo financie al Gobierno de Canarias y menos tratándose de personal laboral de la Comunidad Autónoma; la institución insular no puede afrontarlo y menos con la que está cayendo”.
La Corporación insular explica que, en el caso del capítulo II, la suma que se ha dejado de pagar por parte del Gobierno canario asciende a 1,48 millones de euros. “Este dinero se destina al pago de gastos corrientes, comida, agua, luz, teléfono; otros 190.967 euros se adeudan en concepto de inversiones, que se destina al mantenimiento y mejora de las infraestructuras”.
En total, el Cabildo cifra en más de dos millones de euros la cantidad que la Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario “ha dejado de transferir” al Cabildo en 2010 para el mantenimiento de un centro que es propiedad del Ejecutivo autonómico. Quevedo señaló que han sido reiteradas las solicitudes para solucionar este déficit y que no ha encontrado respuesta por parte del Gobierno por lo que se plantea llevar este asunto ante los tribunales.
