El Gobierno canario pretende ahorrar 20 millones con la reducción de la Administración
El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes, a propuesta del consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, nuevas medidas de racionalización dirigidas a las sociedades mercantiles públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, con las que se espera ahorrar unos 20 millones de euros.
La reforma da continuidad al plan de disciplina presupuestaria para las empresas y fundaciones puesto en marcha en marzo de 2011. Las nuevas medidas suponen la reducción de gastos estructurales fijos en un mínimo de un 15% en relación con 2011, lo que supondrá un importe global de, al menos, 20 millones de euros. Además, prevé la disminución del endeudamiento en 40 millones de euros, cifra también considerada como mínima.
El plan establece la enajenación de activos por valor de, al menos, 40 millones, la venta de la participación en el capital de dos entidades, así como la desinversión en 15 sociedades mercantiles participadas. La medida se completa con un ajuste en las estructuras organizativas de 14 empresas.
En un comunicado, el Ejecutivo regional asegura que “dado el actual contexto económico”, el gabinete que preside Paulino Rivero “profundiza ahora en medidas adicionales con el fin de aumentar la eficacia, la productividad, la transparencia y el control del sector público empresarial, además de posibilitar su viabilidad económica futura”.
“Con este acuerdo se pretende que las entidades contribuyan al obligado cumplimiento del objetivo de déficit establecido para Canarias y se avance en su saneamiento financiero con el establecimiento de una configuración organizativa que las hagan más productivas y eficientes”, asegura.
El comité de expertos para la reforma de las administraciones públicas de Canarias ha sido informado de estas medidas con anterioridad, “valorando positivamente las acciones emprendidas para incorporar las empresas públicas a las políticas de consolidación fiscal”.
González Ortiz informó de que, con carácter general para todas las sociedades, “se redimensionan los órganos de administración y se recortan los gastos de dirección, reiterándose la imposibilidad de percibir emolumentos por asistencia a los consejos de administración”.
A esta limitación se añade la racionalización de sus estructuras de forma que compartan servicios comunes de administración y gestión al menos por sector de actividad. También de forma genérica, se adoptan directrices en materia de negociación colectiva con el fin de armonizar las condiciones laborales y aumentar la productividad.
En el ámbito de las encomiendas realizadas por el Gobierno de Canarias o sus organismos autónomos, se contemplará una reducción de un mínimo de un 5 por ciento en las tarifas actualmente aplicables.
Medidas específicas
Además de estas disposiciones de carácter general, se aplicarán medidas específicas a cada sociedad que se concretarán en un programa de viabilidad que tendrá una vigencia durante el periodo 2012-2014. Estos programas deberán estar aprobados antes del 31 de marzo.
En ellos, y dependiendo de cada caso, se podrán establecer ahorros superiores al 15% en los gastos estructurales de carácter fijo; se pondrán a la venta algunos activos inmobiliarios; se incrementarán los ingresos por determinados servicios prestados; o se buscarán nuevas vías de cofinanciación con el sector privado.
Por otro lado, el acuerdo de Gobierno incluye la culminación del proceso de disolución de tres sociedades. Se trata de la Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio (Saturno), Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria (CBB Maspalomas) y Canarias Congress Bureau Tenerife Sur (CBB Tenerife).
Estas empresas, que en la actualidad no tienen actividad alguna, se unen a las siguientes ya extinguidas fundaciones (bien por acuerdo notarial o por inscripción registral): Fundación Canaria para la Prevención e Investigación de las Drogodependencias, Fundación Canaria para el Conservatorio Superior de Música de Canarias y Fundación Canaria para la Promoción de la Educación.
Con la disolución de estas seis entidades se da cumplimiento al plan aprobado por el Gobierno de Canarias el pasado mes de marzo de 2011 y, en consecuencia, al compromiso establecido en su momento con el Ministerio de Economía y Hacienda.
Ese plan, junto a otros acuerdos anteriores, también ha sido satisfecho en lo estipulado para las reducciones salariales así como en la minoración gradual prevista de los ingresos aportados por la comunidad autónoma a las entidades públicas.
Según esa programación, entre 2011 y 2014 se reducirán en torno a 100 millones de euros las transferencias al sector público, lo que representa una disminución final del 45%. En los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2011 y de 2012 ya fueron reflejadas tales deducciones.
