¡Gratis no!
Antonio Brufau, presidente de REPSOL, podría haber calculado mal las cuentas. Sus excelentes relaciones con el Gobierno central y con los populares, no van a evitar un frente autonómico concretado en la andanada jurídica que prepara el Gobierno de Canarias. Hablamos de la guerra del petróleo: un enfrentamiento a pecho descubierto entre una comunidad que vive al lado de una mina de oro y que no va a permitir de ninguna manera que la dejen al margen de esa riqueza. Desde Presidencia del Gobierno se ha lanzado la que va a ser la consigna: “esto no les va a salir gratis”. Y las espadas están en alto. En muy poco tiempo comenzará una pelea que se presume larga, difícil y sin tregua.
Corría el año 2004 cuando la empresa Repsol se llevó el primer batacazo jurídico en su proyecto de explotación de los yacimientos de petróleos existentes en aguas cercanas a Canarias. El Tribunal Supremo, a través de los recursos promovidos básicamente por instituciones públicas gobernadas por los socialistas en Lanzarote, procedió a anular los permisos (de prospección) concedidos por el Gobierno de José María Aznar a la compañía petrolífera. Los trabajos geológicos y geofísicos en el marco de la investigación de hidrocarburos que se llevaban a cabo frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote detectaron, según los datos que se manejan en la actualidad, una cantidad que podría ascender a los mil millones de barriles de petróleo, que al precio actual (sobre unos cien dólares el barril) podrían suponer 80.000 millones de euros, casi dos veces del PIB de Canarias. Y esa estimación no contempla el valor del gas que también podría existir en el yacimiento.
Antecedentes del conflicto
En una sentencia que estimó en parte los recursos de la Agrupación Insular del PSC-PSOE en Lanzarote y el Cabildo de Lanzarote contra el Real Decreto número 1462/2001 de 21 de diciembre, por el que se otorgaban a Repsol Investigaciones Petrolíferas los permisos de investigación, se anulaba el referido Real Decreto en la parte correspondiente de los años tercero a sexto de su programa (la parte correspondiente al incio de las perforaciones) El Real Decreto concedía a Repsol, por un período de seis años, los permisos para investigar la existencia de hidrocarburos en el lecho marino. El fallo consideró que en el programa de prospecciones presentado por la empresa no se contemplaron las preceptivas medidas de protección medioambiental , sino que se limitaba a presentar el plan de labores de investigación y el programa de inversiones.
El apartado número 3 del artículo 18 de la Ley 34/1988 del Sector de Hidrocarburos obligaba a que el Real Decreto por el que el Gobierno autorizaba las tareas de prospección, incluyera de modo preceptivo las “labores de protección medioambiental” a las que queda condicionado el otorgamiento de los permisos. La ausencia de estas medidas ocasionó que el alto tribunal suspendiera la segunda parte del plan de Repsol, que contemplaba unos dos años de adquisición de datos (a través de diferentes técnicas electrónicas) y otra, de cuatro años (la que suponía “pinchar” el suelo marino) que autorizaba a realizar labores de perforación del subsuelo marino así como otros trabajos geológicos y geofísicos. Este tramo fue demolido con la sentencia.
Se retoma el proyecto
Pero el duro revés jurídico no significó, ni mucho menos, que se abandonara un proyecto claramente rentable. Casi una década después, Repsol ha vuelto a mover ficha con otro Gobierno del PP, en este caso el de Mariano Rajoy, para proseguir con el proyecto interrumpido por la sentencia del Tribunal Supremo, subsanando los defectos estimados.
El primer viaje de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno fue realizado a Marruecos. Aunque todas las versiones oficiales lo consideraron un viaje de cortesía, otras fuentes consideran que un asunto de grueso calibre, los yacimientos de petróleo, estuvo en las conversaciones del presidente español y el monarca alahuita, Mohamed VI y su gobierno. Unos yacimientos que se encuentran a ambos lados de la teórica mediana que separa las aguas españolas de las marroquíes, que puede “ser pinchado” en localizaciones situadas a un lado y al otro, y que justificaría la creación de una sociedad hispano-marroquí que se encargara de rentabilizar para ambos países (incluso para empresas de ambos países) la comercialización del crudo.
Sin embargo, esa posibilidad, que podría haberse planteado hace algunos años, parece hoy más díficil. Fuentes de Presidencia del Gobierno reconocieron que para el Gobierno, un objetivo de enorme trascendencia, al margen incluso de la cuestión del petóleo, era “lograr un entendimiento con Marruecos para la fijación de una mediana practica que evitara conflictos futuros”. Ese entendimiento, en el que se avanzó algo durantre la primera legislatura de Rodríguez Zapatero “pudo haberse logrado hace cuatro o cinco años, pero todo indica que hoy va a ser imposible, y la polémica sobre el petróleo va ha hacerlo aún más díficil”.
Marruecos, a lo largo de estos años, también ha avanzado en cuestiones menores, pero muy rentables, como los acuerdos de avituallamiento y disposición de mano de obra que pudieran necesitar, en su día, las plataformas de perforación, que se realizaría a través de puertos marroquíes.
En todo este proceso, Canarias ha estado fuera de la escena. Las primeras reacciones de los sectores turísticos de Lanzarote y Fuerteventura, alarmados ante las posibles consecuencias medioambientales que podrían afectar parte de sus costas, facilitaron que los “entendimientos” políticos y económicos se realizaran en niveles superiores de la administración, focalizados en solventar lo que tanto Gobierno central como Repsol consideraban un posible obstáculo: el acuerdo con las autoridades marroquíes para allanar cualquier conflicto político.
Canarias pasa a la ofensiva
Pero la posición de Canarias podría pasar de ser la de un “convidado de piedra” a adquirir un protagonismo inusitado. Las autoridades de las islas dan ya como un hecho inevitable que el yacimiento de petróleo vaya a ser explotado. Es posible que durante los primeros meses se pudieran producir actuaciones de grupos ecologistas, capaces de dificultar ?en el mar-- las tareas de las perforaciones, pero es una guerra que difícilmente se podría ganar a largo plazo. Cien mil millones de dólares de un combustible cada vez más escaso y vital para las economías de todo el planeta (especialmente de los mejores clientes, los países en desarrollo) suponen un tesoro demasiado importante como para suponer que se pueda evitar su explotación comercial. Y si no puedes con tu enemigo, únete a él.
Así que el “plan secreto” del Gobierno de Canarias está a punto de activarse. Tiene varios frentes y no todos son conocidos en todos los departamentos. El primero es abrir un conflicto de competencias con el Estado. El Gobierno de Canarias pretende plantear ante el Tribunal Constitucional un recurso por medio del que intentará paralizar, con carácter cautelar, el reinicio de las prospecciones. Expertos jurídicos están trabajando en las argumentaciones ?el Gobierno dispone ya del marco de los fundamentos jurídicos- que se elevarán al Constitucional en cuanto el Gobierno autorice y firme la continuidad de los trabajos de Repsol.
El artículo 3, epígrafe 2, de la Ley 3/1988 establece que corresponde a la Administración General del Estado “ a) Otorgar las autorizaciones de exploración y permisos de investigación a que se refiere el Título II, cuando afecte al ámbito territorial de más de una Comunidad Autónoma. Asimismo, otorgar las concesiones de explotación a que se refiere el citado Título de la presente Ley. b) Otorgar autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación en las zonas de subsuelo marino a que se refiere el Título II de la presente Ley. Asimismo, otorgar las autorizaciones de exploración y permisos de investigación cuando su ámbito comprenda a la vez zonas terrestres y del subsuelo marino”. En el epígrafe 3 señala que “Corresponde a las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias: c) Otorgar las autorizaciones de exploración y permisos de investigación a que se refiere el Título II de la presente Ley, cuando afecte a su ámbito territorial”.
Objetivo: recomenzar el proceso
El segundo frente de batalla, que se dirimirá en los tribunales ordinarios, es más peligroso tanto para Repsol como para el Gobierno central. La Ley 34/1988 del Sector de Hidrocarburos, sobre el hecho de concesión de permisos de investigación y prospección, señala en su artículo 8 que las autorizaciones, permisos y concesiones “serán otorgados de acuerdo con los principios de objetividad, transparencia y no discriminación”. Es cierto que en el primer Real Decreto (1462/2001, de 21 de diciembre) solo Repsol había mostrado su interés por realizar las prospecciones.
El permiso de investigación faculta a su titular para investigar, en exclusiva, en la superficie otorgada la existencia de hidrocarburos y de almacenamientos subterráneos para los mismos, en las condiciones establecidas en la normativa vigente y en el plan de investigación previamente aprobado. También, el otorgamiento de un permiso de investigación confiere al titular el derecho, en exclusiva, a obtener concesiones de explotación, en cualquier momento del plazo de vigencia del permiso, sobre la misma área, previo cumplimiento de las condiciones a que se refiere el capítulo 3 de la Ley de Hidrocarburos.
La concesión de prospección concede a su titular el aprovechamiento de los recursos descubiertos, bien por extracción de los hidrocarburos, bien por la utilización de las estructuras como almacenamiento subterráneo de cualquier tipo de aquéllos, así como proseguir los trabajos de investigación en el área otorgada. Pero en el artículo 15 de la Ley de Hidrocarburos se establece un aspecto clave: “Los permisos de investigación se otorgarán por el Gobierno o por los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas cuando afecte a su ámbito territorial y conferirán el derecho exclusivo de investigar las áreas a que vayan referidas durante un período de seis años”. Y se añade que “con carácter excepcional, este período podrá ser prorrogado, a petición del interesado, por un plazo de tres años. El otorgamiento de prórroga supondrá la reducción de la superficie original del permiso en un 50% y estará condicionada al cumplimiento por el titular del permiso de las obligaciones establecidas para el primer período de vigencia”.
Estas disposiciones (junto a otras de la propia Ley Hidrocarburos y otra legislación pública) van a constituir el núcleo de la ofensiva del Gobierno de Canarias por la vía del Contencioso Administrativo. Lo que se sostiene es que la concesión de los permisos originales, de 2001, está prescrita. Y por lo tanto el Gobierno central tendría que abrir un procedimiento de consulta que garantice lo establecido, entre otros, en el artículo 17 de la Ley de Hidrocarburos que establece la posibilidad de 'ofertas en competencia'.
¿Y cuál es el problema? ¿El Gobierno central podría volver a repetir el proceso y darle una nueva concesión a Repsol por seis años? Ciertamente, pero es que el Gobierno de Canarias ha hecho algo más que preparar una bateria de actuaciones jurídicas y políticas. A lo largo de los últimos meses se han producido conversaciones y contactos con representantes de una importante empresa petrolera a la que se ha planteado la posibilidad de concurrir a la concesión de prospecciones en una sociedad mixta junto a la administración pública de Canarias. Así que a Repsol le podría surgir un fortísimo competidor que integraría en su sociedad de explotación “el interés público canario”.
Y eso es tan importante porque en la Ley de Hidrocarburos se establece que las empresas que realicen las investigaciones y prospecciones adquieren automáticamente el derecho a la explotación de los yacimientos por un periodo 30 años.
“Gratis de ninguna manera”
La fase de “oposición frontal” por parte del Gobierno y las instituciones canarias a la explotación del petróleo ha pasado, pues, a la historia. “Esa batalla está perdida. Hay que ser realistas y prácticos, si hay petróleo se acabará sacando”. Pero no gratis: “Lo que el pueblo de Canarias no nos perdonaría jamás -aseguró la citada fuente gubernamental- es que dejáramos que toda esa riqueza se explote y que asumamos los riesgos efectivos de esa explotación sin recibir nada a cambio.” Para el Gobierno, lo importante ahora es articular las medidas necesarias para retrasar o bloquear el inicio de las prospecciones, y dejar claro a Repsol y al Estado que “lucharemos con uñas y dientes para que una parte importante del beneficio del petróleo se destine a financiar políticas sociales en las islas”. La viceconsejera de Energía, Francisca Luengo, ha ido más allá, al plantear la posibilidad de que Canarias pueda copiar el 'modelo noruego', que sostiene un potente 'estado de bienestar' gracias a los beneficios del petróleo que es extrae en el Mar del Norte. Unos beneficios muy considerables también en Canarias, si se considera que las estimaciones hablan, sin contemplar la posible existencia de gas, de unas reservas de al menos unos mil millones de barriles, lo que -traducido a dinero- supone más de cien mil millones de dólares en el actual mercado del crudo. En Presidencia del Gobierno lo tienen claro: “¿Regalarle eso a Repsol a cambio de nada? Desde luego que no. Gratis, de ninguna manera.”
