El juez indaga quién puso a Realia sobre la pista del Canódromo
La vertiente gubernamental es solo una de las ramas abiertas en la instrucción reactivada del caso Canódromo, a raíz de la declaración del actual alcalde, Juan José Cardona, y el empresario beneficiado de la operación de permuta y posterior compraventa, Eduardo Fernández.
El juez instructor, Tomás Martín, también requiere de la tercera parte en presencia en este caso, la inmobiliaria Realia que comenzó a construir las torres en una esquina del recinto de Ciudad Alta, información sobre cómo y quién le puso sobre la pista del Canódromo.
En una providencia dictada también el martes pasado, el magistrado libra un exhorto a los juzgados de Madrid para que se tome declaración a cuatro empleados y cargos de Realia, entre otras cuestiones, para saber quién ordenó un informe de valoración de inversión de unos 4.000 millones de pesetas de entonces -año 2000- en torno a la polémica pieza urbanística.
El mismo día de los autos en los que cita a otros siete testigos y rechaza el recurso de Cardona contra la reapertura de la causa y su correspondiente imputación, el magistrado dio traslado a las partesde la providencia en la que requiere de Realia las razones que condujeron a elaborar ese informe, todos los documentos y estudios con los que se valoró la inversión prevista por la empresa de 24 millones de euros y la estimación de beneficios.
José María Richi Alberti, Íñigo Aldaz Barrera, Almudena Moreno Marrero y Javier de Oro Pulido Sánchez deben explicar al juez “el modo, la secuencia temporal y las personas que intervinieron para que Realia llegara a tener conocimiento de la existencia de esa parcela, sus condiciones y características urbanísticas y sus dueños”.
El juez indaga si en algún momento previo a la venta de las parcelas por parte de Urbacan a Realia, la inmobiliaria mantuvo reuniones con algún técnico del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o miembro del Consistorio capitalino, además de si conoció la empresa la valoración inicial de las parcelas rechazada por el Ayuntamiento.
Cómo y a través de quién se contactó debe ser aclarado por los testigos de Realia, así como aportar todos los informes técnicos y jurídicos referentes a la compraventa a Urbacan de las fincas permutadas por el ayuntamiento a la mercantil de Eduardo Fernández.
