IU invoca a la Guardia Civil para cesar al alcalde de Arona
Izquierda Unida ha remitido una carta al Fiscal General del Estado para que se requiera formalmente al alcalde de Arona a que “cese en su conducta ilegal” y entregue su acta de regidor y concejal o, de lo contrario, “que intervengan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para restituir la legalidad” en ese municipio del sur de Tenerife.
Este es uno más de los frentes abiertos para que se acate la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LORGE), por la que ningún cargo salido de las urnas puede mantenerse en el mismo si ha sido condenado por delitos contra la Administración, como es el caso, aunque la sentencia no sea firme.
La carta, firmada por el diputado Gaspar Llamazares y remitida al fiscal general Eduardo Torres-Dulce Lifante, es contundente. En ella se recuerda que el nacionalista González Reverón fue condenado en junio pasado por el juzgado de lo Penal 1 de Santa Cruz de Tenerife por “las graves y sistemáticas ilegalidades incurridas en la contratación de personal”, lo que se ha conocido como 'caso Enchufe' (la contratación en 2004 de dos personas sin sacar las plazas a concurso), lo que obliga a su cese.
Es una reforma que se introdujo en la Ley Electoral justamente para acotar la corrupción.
En el texto, Llamazares afirma que “en estos momentos, la gravedad de los hechos es incuestionable puesto que, al detentar José Alberto González Reverón el cargo de alcalde, se produce una usurpación de las funciones propias de esa autoridad, generando una situación permanente delictiva inadmisible”.
Y añade que “al mismo tiempo, son nulos de pleno derecho todos los actos que dicte, generando una clara inseguridad jurídica con los impactos económicos para el erario público municipal que ello pudiera tener, por las responsabilidades patrimoniales ulteriores que pudieran ser exigidas”.
Una clara huida hacia adelante
Pero González Reverón no solo no ha dimitido, sino que el Ayuntamiento, desoyendo las directrices marcadas por la Junta Electoral Central y la secretaria municipal, convocó dos plenos para ratificarlo en el cargo, con los votos de CC y Centro de Arona Nacionalista-CCN, en vez de tomar únicamente conocimiento de su cese por imperativo legal, “en una clara huida hacia adelante y como medio para consumar su ilegal ocupación”, resalta Llamazares en el escrito al fiscal general.
Y agrega que “se entiende que la respuesta del Estado de Derecho, en este caso y otros similares que puedan producirse, debe ser eficaz y sin dilación. La respuesta que se de en este caso servirá de precedente para otros muchos que puedan plantearse a lo largo del país”.
“Una inadecuada respuesta por parte de la Fiscalía y del Poder Judicial podría traducirse en la inaplicación generalizada de la ley, y que los cargos públicos afectados eludan su cumplimiento, negándose a dimitir, o declarando ilegalmente su incompatibilidad los plenos corporativos, con el consiguiente mayor desprestigio social de las instituciones”.
Es más, en el escrito al Torres-Dulce se recuerda que “los hechos descritos acaecen en un Ayuntamiento gravemente afectado por casos de corrupción, siendo así que el referido José Alberto González Reverón y varios de los concejales están imputados en macrocausas que instruyen los juzgados de Arona, conocidas como Arona 1, Arona 2 y Arona 3, por delitos varios de prevaricación, tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio y otros, todas ellas iniciadas a instancia de la Fiscalía de Medio Ambiente”.
A la espera de la Junta Electoral Central
La misiva no es el único frente abierto para que se acate en Arona la reformada LORGE, una normativa que el concejal de CC y miembro del grupo de Gobierno Aronero, Antonio Sosa, califica de “novedosa”, mientras que el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, Gavara de Cara, en un informe externo, recomienda que no se adopte la declaración de incompatibilidad del alcalde, “dada la complejidad del asunto y la falta de jurisprudencia”.
En cuanto a los otros frentes, uno de ellos está en la misma Junta Electoral Central, que podría retirar este jueves el acta de concejal al polémico alcalde y expedir acta de concejal a la siguiente en la lista de CC, justo Eva González Moscoso, una de las contratadas a dedo por González Reverón, por lo que ha sido condenado, como explica la periodista Blanca Salazar en su blog blancahari.com.
Hay más frentes y, precisamente con la petición enviada al fiscal general del Estado, se espera que los impulse. Son las dos denuncias por prevaricación continuada contra el alcalde y los 14 concejales que votaron la compatibilidad del alcalde. Una es promovida por los abogados Pérez Ventura (IU) y Felipe Campos, que han anunciado que será ampliada tras los reiteración del pleno del pasado sábado.
La segunda es la del concejal de la oposición, José Antonio Reverón, también por prevaricación del alcalde y la mayoría plenaria, aunque cabe que termine sumándose a la de IU y Campos.
