IUC ve base para disolver el Ayuntamiento
El representante de Izquierda Unida Canaria (IUC), José Pérez Ventura, considera que en estos momentos existen motivos y base legal suficiente para que Ayuntamiento de Arona se disuelva dados los numerosos casos de corrupción en los que se ve envuelta esta Corporación local.
El también abogado valoró de esta manera la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción al anterior alcalde, José Alberto Reverón, el actual, Francisco José Niño y otros once concejales de Coalición Canaria (CC) y dos del Centro Canario Nacionalista (CCN) por incumplir la sentencia que obligaba a que el alcalde dejara su cargo.
Los ediles votaron en dos ocasiones que no se cumpliera una ley que obliga a dimitir cuando exista una condena de prevaricación aunque no sea firme, lo que dio lugar a que IUC presentara una denuncia en Fiscalía. “Hemos dado un paso más en la putrefacción y la marbellización de Arona por lo que cada vez estamos más cerca de la disolución del Ayuntamiento”, tal y como ocurrió en su momento en la Corporación local andaluza.
Hace un año tuvo que intervenir la Fiscalía General del Estado después de que la Federal de IU tuviera conocimiento de que en Canarias un alcalde se estaba manteniendo en el cargo durante seis meses pese a ser objeto de una sentencia condenatoria. “La gravedad de lo que está ocurriendo en este municipio puede justificar que se pida una disolución del Ayuntamiento. El grupo parlamentario de IU barajó esa posibilidad para lo que es necesario un informe del Senado y acuerdo del Gobierno central. Lo cierto es que cada vez estamos más cerca y vamos a remitir al grupo parlamentario toda la documentación para pedir que se inicie un expediente en este sentido”, dijo Ventura. Un paso decisivo se producirá cuando se abra el juicio oral por el caso Arona que sentará en el banquillo a 34 acusados entre ellos quince dirigentes municipales.
Ahora IUC se acercará al Juzgado para conocer los pormenores de la denuncia de Anticorrupción y piden que se tramite con “razonable rapidez” dado que las diligencias que se tienen que hacer son bastante sencillas. En concreto, sólo habrá que tomar declaración a los imputados, a los concejales de la oposición como testigos y recabar una serie de documentación para certificar lo ocurrido. “Esperemos que todo quede resuelto antes de las próximas elecciones de 2015 por simple higiene democrática”, dijo Ventura.
IUC cree que en caso de que los informes elaborados a encargo del ex alcalde hayan sido pagados con dinero público se podría hablar de malversación de fondos públicos, a parte de la prevaricación que ahora mismo se plantea desde la Fiscalía. Además, el ex alcalde tendría que devolver lo cobrado del Ayuntamiento durante estos seis meses.
El abogado, Felipe Campos, considera que incluso los redactores de los dictámenes podrían ser responsables desde el punto de vista penal al haber llegado a unas conclusiones “grotescas a cambio de dinero” avalando que el ex alcalde no dimitiera. El letrado sostiene que lo ocurrido en Arona supone una continua comisión de ilegalidades. En estos momentos se está a punto de que se dé a conocer el escrito de acusación del caso Arona por la concesión de licencias irregulares y contratos a dedo. Campos acusó al máximo responsable de CC en Tenerife, Fernando Clavijo, defensor del ex alcalde, de haber hecho “apología de la prevaricación”.
Según el letrado, “que un dirigente político justifique el incumplimiento de la ley da vía libre a que los vecinos de La Laguna, donde él es alcalde, puedan también hacer lo que les de la gana con la normativa municipal o con el Plan General”. El concejal de Ciudadanos por Arona, José Antonio Reverón, que ha sido el único que durante estos años ha denunciado los numerosos casos de corrupción, dijo que aún hoy se sigue llevando a cabo un “incumplimiento sistemático de la ley”. Igualmente, criticó los efectos negativos que todos estos hechos están produciendo la gestión municipal que calificó de nula y la imagen de un municipio que vive del turismo.