José Miguel Pérez estima que la matrícula universitaria subirá hasta un 135% por la subida de tasas

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, ha dicho en el Pleno del Parlamento que el decreto de recortes en Educación aprobado por el PP va a provocar que el coste de una carrera universitaria básica en las islas suba entre el 42 y el 135 por ciento, y el de una carrera experimental, entre el 41 y el 75 por ciento.

En una comparecencia solicitada por el Grupo Socialista Canario, José Miguel Pérez ha advertido que el Real Decreto sobre Educación trae consigo un conjunto de medidas que impactarán “muy negativamente” en las universidades canarias, toda vez que “parten de diagnósticos erróneos que no valen para justificar esta norma”.

El consejero ha incidido en que el cálculo que ha hecho el Gobierno de España para la subida de tasas universitarias “hace un daño terrible a Canarias”, y cuando los alumnos se vayan a matricular el próximo mes de septiembre “verán que la subida va a suponer un taponazo tremendo”.

“Ésta es la opción que el Ministerio nos deja a la Comunidad Autónoma”, censuró José Miguel Pérez, quien ha querido dejar claro que si el Gobierno de Canarias pudiese negarse a aplicar esta norma, “lo haría”.

Según el consejero, “nos encontramos ante una situación difícil de afrontar”, de ahí que “haya que intentar amortiguar el efecto del Real Decreto en los estudiantes y en los profesores más jóvenes que pueden ser despedidos”.

Ha indicado, además, que en virtud de la aplicación de las medidas recogidas en la norma aprobada por el PP, el dinero destinado a las universidades españolas sufre un recorte que supera los 2.000 millones de euros que, de trasladarse a las universidades canarias, alcanzaría una cantidad superior a los 80 millones.

Pese a todo ello, el consejero no pretende “cambiar su rumbo”, así que seguirá trabajando con la dos universidades canarias en el plan de reordenación de sus enseñanzas y en la confección de un nuevo contrato programa. “Ese horizonte debe seguir siendo necesario y entendemos que debe seguir siendo así”, apostilló.

La diputada socialista Rita Gómez, por su parte, indicó que los recortes en Educación van a traer consigo “el traslado de la excelencia a las universidades privadas, ya que lo que persigue el PP es dejar la educación para los que pueden”.

Desde su punto de vista, “el Gobierno de Rajoy está desprestigiando a la universidad y está atacando la dignidad de los docentes para justificar los brutales recortes que está ejecutando y está haciendo un daño irreparable al sistema educativo”.

Asimismo, ha hecho hincapié en que el Real Decreto sobre Educación “no es una norma para mejorar el sistema educativo, sino para recortar recursos humanos, materiales y, sobre todo, para recortar derechos”, lo que supone “un cambio absoluto de rumbo en el sistema educativo, cuyas consecuencias las van a pagar las futuras generaciones”.

“UN CAMBIO DE FONDO”

Por parte del Grupo Mixto, la diputada Carmen Hernández ha señalado que el decreto del Gobierno del PP “plantea un cambio de fondo en la Educación en España y en el acceso de todos a una educación pública de calidad”.

A su juicio, “educar no es crear capital humano, sino construir ciudadanía y dar oportunidades a todos y todas, tanto a los que tienen mucho, como a los que no tienen recursos para acceder a una educación de calidad”.

Por ello, ha dicho que el decreto aprobado por el PP es “una norma injusta, porque le quita oportunidades a los que menos tienen, e ilegítima, toda vez que no estaba en el programa electoral del Gobierno”.

Desde las filas nacionalistas, la diputada Marisa Zamora ha incidido en que el decreto de recortes en Educación es “funesto” porque “se ha hecho a espaldas de las comunidades autónomas y las universidades”.

El Grupo Parlamentario Popular, a través de la diputada Milagros Bethancourt, ha afirmado que los ajustes aplicados no tienen relación alguna con la merma de la calidad y persiguen la supervivencia de los pilares del estado del bienestar que el PSOE ha dejado quebrado.

Por último, la diputada ha negado también que el Gobierno haya reducido las becas y ha asegurado que se mantiene la inversión “íntegra”.