Las Palmas de Gran Canaria deberá repetir el concurso de seguridad de los centros de acogida
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria deberá revisar el proceso por el que adjudicó en octubre la seguridad privada de sus centros de acogida a personas sin hogar, por haber excluido a dos empresas que se rigen por pactos laborales propios y no por el convenio nacional del sector.
En un resolución difundida este miércoles por la asociación de empresas de seguridad privada Acosepri, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias decide anular la adjudicación de esos servicios a la empresa Alcor y ordena al Consistorio que vuelva a valorar correctamente todas las ofertas.
Este órgano autonómico considera que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria vulneró las normas de contratación pública al excluir a dos licitadores, MAR Seguridad Privada y Sinergias de Seguridad Privada, porque no se rigen por el convenio estatal del sector, sino por convenios laborales propios de sus empresas.
El Ayuntamiento se basaba para ello en el hecho de que el pliego de prescripciones técnicas del concurso estipulaba que “el adjudicatario” de la seguridad privada de los centros para personas sin hogar deberá aplicar a los trabajadores de ese servicio las condiciones marcadas en el convenio colectivo estatal del sector.
Sin embargo, el Tribunal Administrativo remarca que el pliego de prescripciones dice que quien debe regirse por el convenio estatal será “el adjudicatario” al que se entregue ese servicio, no a las empresas que inicialmente presentan ofertas.
En este sentido, entiende que el Consistorio infringió la ley al expulsar a MAR Seguridad Privada y Sinergias sin comprobar mínimamente si con su propuesta económica podían cumplir lo estipulado en el convenio estatal, si se les confiaba ese contrato.
Por ello, anula la adjudicación y ordena que se retrotraiga todo el procedimiento, para que se valoren todas las propuestas. Y solo si considera que alguna presenta una cantidad desproporcionada por baja, el Consistorio podrá proceder en consecuencia, pero por el trámite que marca la Ley de Contratos del Sector Público.
Los centros municipales de acogida a personas sin hogar dependen de la Concejalía de Cohesión Social que dirige Jacinto Ortega (Podemos), antiguo delegado sindical en el sector de la seguridad privada, promotor de varias denuncias contra las condiciones laborales que ofrecen las empresas de Miguel Ángel Ramírez, propietario de Seguridad Integral Canaria.
Fuentes de Ralons -el consorcio de empresas de Ramírez- han precisado a Efe, sin embargo, que ni MAR Seguridad ni Sinergias pertenecen a su grupo.
