Los acusados del 'caso mamotreto' citan como testigos a técnicos de la APMUN y Costas
Los acusados por el conocido como caso mamotreto coinciden en llamar a declarar como testigos durante el juicio oral cuya fecha se fijará en breve a técnicos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno canario y de la Dirección General de Costas.
Igualmente, serán citados funcionarios del Ayuntamiento y de la Gerencia de Urbanismo, el propio concejal de este organismo autónomo, José Ángel Martín Bethencourt, que fue uno de los denunciantes cuando ocupaba el cargo de portavoz del grupo municipal socialista en el anterior mandato. Otro tanto ocurrirá con Dolores Jutta Redbrow, expresidenta de la Asociación de Amigos de Las Teresitas y del Litoral de Anaga que fue la que denunció en su momento la posible ilegalidad de las obras. Jesús Romero, director general de Ordenación del Territorio y Sebastián Ledesma, exdirector general de Turismo, también serán llamados a declarar en calidad de testigos.
En estos momentos permanecen como acusados los exconcejales de Coalición Canaria (CC) Norberto Plasencia, Luz Reverón, Manuel Parejo y José Domínguez Pastor, así como los técnicos de la Gerencia de Urbanismo y de Obras, Loreto Ariz, Epifanio Gómez y Candelaria Benítez. A todos ellos el Ministerio Fiscal los acusa de ser responsables de la construcción del edificio de aparcamientos y centro comercial situado al inicio de la playa de Las Teresitas sin contar con ningún tipo de autorización y de haber invadido terrenos de dominio público.
Los acusados han presentado ya su escrito de conclusiones previa a la apertura del juicio oral. En estos recursos coinciden en alegar que un concejal no puede actuar en la ejecución de una obra pública como promotor, constructor o director de obras. Apuntan que una administración no está obligada a contar con un permiso para hacer obras en terrenos de dominio público ya que este requisito sólo es exigible para los particulares. “Si realmente Costas hubiera considerado que el Ayuntamiento llevó a cabo sin su autorización una construcción en la zona marítimo terrestre, tenía la obligación de iniciar un expediente sancionador por la infracción tipificada”, indican los representantes legales de casi todos los acusados por medio de unos escritos que básicamente son iguales.
El exconcejal de Obras José Domínguez Pastor ha presentado ante los juzgados un informe del arquitecto Damián Quero Castanys, en el que intenta demostrar que la obra cumplió con todos los parabienes desde el punto de vista urbanístico y de la legalidad. No obstante, el propio técnico admite que el proyecto elaborado por el arquitecto francés Dominique Perrault “resulta ahora efectivamente inviable por razón de las incidencias ajenas a su expediente. Pero de lo que se trata en una legalización es de obras, no de proyectos, de obras realizadas sin amparo debido y para lo que está legalmente establecido y regulado un procedimiento específico que parece ineludible seguir antes de declarar inviable la legalización de lo construido”, como se apuntaba en un informe del APNUM.
El arquitecto, que ha sido llamado a declarar en calidad de testigo, sostiene que que los ajustes dimensionales del proyecto “son razonables técnicamente y adecuados al planeamiento general y a la legislación de ordenación territorial”. La actuación se enmarca en la cooperación interadministrativa entre el Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno canario, por un lado y Costas por otro. “No es posible comprender, sin sobresalto, que pueda ser aprobada sólo una fase sin percibir las definiciones del proyecto en la otra, siempre presentes en la documentación. No puede entenderse la pretensión de Costas de que cada fase constituía un proyecto técnico segregado, como si ello le hubiese impedido percibir en la parte o fase municipal las definiciones que afectaban al dominio público. Una de las responsabilidades del organismo estatal es la vigilancia de las actuaciones en la costa”.
El técnico concluye recordando que en Santa Cruz ni la construcción del TEA ni del Auditorio Adán Martín surgieron del Plan General, al contrario que la reurbanización de Las Teresitas que nació de una modificación expresa del PGO. El arquitecto intenta desmontar los argumentos sobre la ilegalidad del aparcamiento apuntando a que esta construcción es subterránea “y como tal no está sometida al cumplimiento de los parámetros urbanísticos que el informe pericial del APMUN y el escrito de la Acusación le reclaman”.
Por su parte, la fiscal para los delitos Medioambientales, Inmaculada Violán, se reafirma en su petición de 18 años de cárcel para los acusados -que oscilan en penas de entre tres y dos años para cada uno de ellos-,que asuman la responsabilidad civil y por lo tanto paguen todos los gastos, incluida la demolición del edificio, y la inhabilitación para ejercer cargo público.
